Murcia ve peligrar las rebajas fiscales establecidas por el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, cuya estrella es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, debido al marcaje del Ejecutivo central a la Comunidad de Madrid. Las negociaciones entre el equipo de Pedro Sánchez y los independentistas catalanes para introducir una armonización en los tributos autonómicos que evite las disparidades entre las regiones ha abierto la caja de los truenos y puede arrastrar a la Comunidad a tener que aplicar las recetas contra el 'dumping fiscal', impuestas a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El Ejecutivo regional, que presume de haber ahorrado 950 millones a los contribuyentes murcianos que han recibido herencias familiares en los últimos cinco años, considera cualquier intento de armonización como «un ataque a la independencia fiscal», según manifestó la portavoz, Ana Martínez Vidal.
El Gobierno también se ha comprometido a suprimir el Impuesto de Patrimonio, pero hasta ahora solo ha aplicado algunas rebajas en Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados y en el tramo autonómico del IRPF, aunque en este último caso el ahorro ha sido prácticamente testimonial.
Mientras tanto, el déficit de la Administración regional alimenta una deuda que en el segundo trimestre de este año rozaba los 10.400 millones de euros y representaba el 33,8% del PIB.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha encendido la polémica al acusar a Madrid de 'dumping fiscal', ya alertó en febrero a Díaz Ayuso de que «no puede plantear una espiral de bajada de impuestos que arrastre a comunidades como Murcia».
Por su parte, el profesor de la UMU José Carlos Sánchez de la Vega, que formó parte del comité de expertos que elaboró el dictamen sobre la financiación autonómica en 2017, defiende el derecho de las comunidades a preservar su autonomía, aunque cree que «el marco tributario no es el adecuado». Admite que la propuesta realizada por el comité contempla la armonización para evitar disparidades entre regiones, pero defiende que no puede «aplicarse al cien por cien, estableciendo un mínimo y un máximo, porque «rompería la autonomía que se atribuye a las comunidades autónomas». En su opinión, los gobiernos autonómicos deben tener «un margen de maniobra».
La profesora de la UMU María José Portillo, que ha realizado varios estudios sobre fiscalidad territorial, cree que lo «deseable» es acortar las diferencias tributarias, pero no comparte «una armonización al alza» que imponga a Madrid una fiscalidad como la de Cataluña. Defiende que «si bajas los impuestos, el ahorro al contribuyente va a la inversión y revierte de nuevo».
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, entiende que los gobiernos tienen libertad para decidir sobre «los impuestos propios que se establecen cada comunidad», pero no pueden escudarse en la autonomía para «suprimir impuestos cedidos por el Estado para su financiación». Rechaza bonificaciones como la del 99% aplicada por Murcia en Sucesiones, aunque considera que este tributo está desfasado y debería actualizarse. Precisó que, a pesar de que se culpaba a este impuesto de las renuncias a las herencias, «siguen produciéndose tras la rebaja».
El informe sobre financiación ya detectó diferencias «preocupantes»
El debate sobre la armonización que se ha desencadenado a raíz de las negociaciones del Gobierno central con ERC ya fue abordado en el dictamen sobre la financiación autonómica de la comisión de expertos creada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. «Como consecuencia del uso que las comunidades autónomas han hecho de sus competencias normativas sobre los tributos cedidos, se han ido generando diferencias cada vez mayores entre ellas en lo que respecta tanto a los niveles de gravamen como a la configuración de muchos de estos impuestos. Algunos aspectos de este proceso de creciente diferenciación territorial en materia tributaria resultan preocupantes, por cuanto suponen un incremento considerable y seguramente innecesario de los costes de recaudación y cumplimiento de determinados impuestos, y hacen menos transparentes las diferencias de fiscalidad entre territorios», indicó la comisión.
El informe de los expertos que trabajaron para consensuar el documento que debía servir de base a la reforma de la financiación autonómica plantea también la necesidad de revisar tributos como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, «que mantiene las tarifas y los tramos de la base liquidable establecidos en 1987, cuando la renta per cápita se ha multiplicado prácticamente por tres desde entonces». Ante estas incoherencias, el comité señaló que «sería deseable armonizar las bases imponibles y liquidables de los tributos cedidos total o parcialmente, restringiendo la capacidad normativa autonómica a las escalas de gravamen y a posibles deducciones o bonificaciones de la cuota, así como la posibilidad de introducir topes máximo y mínimos de gravamen efectivo».
