Los gobiernos de la Región de Murcia y de Andalucía exigieron ayer al Estado que cumpla los compromisos adquiridos y los plazos del Corredor Mediterráneo, que fijaban su puesta en funcionamiento en 2023, en lugar de seguir retrasando una infraestructura «estratégica, competitiva y decisiva para el futuro de prosperidad de ambas regiones».

Recordaron que el Corredor Mediterráneo debía estar operativo en 2023 y, en cambio, «el Gobierno de Sánchez desliza hasta al menos 2026 su puesta en marcha, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado».

Así lo expresaron ayer en Pulpí (Almería) el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, y su homóloga andaluza Marifrán Carazo, quienes coincidieron en destacar que «nos encontramos en un momento clave y fundamental de las obras del Corredor Mediterráneo».

Díez de Revenga consideró «prioritario que se despejen incertidumbres y cuellos de botella localizados a lo largo de su trazado», como por ejemplo en la conexión con Cartagena, la integración en Lorca, la continuidad hacia Pulpí y el tramo urbano de Totana; todos ellos paralizados desde hace más de dos años.

«Cuando en Cataluña y la Comunidad Valenciana están proyectando ampliaciones de las vías y mejoras de los servicios, la realidad es que en el trazado de la Región de Murcia y de Andalucía no hay ni proyectos, ni fechas ni presupuestos», afirmó. Resaltó que «el Corredor Mediterráneo no será corredor si no está completo y no será mediterráneo hasta que no se integren plenamente Cartagena y Almería».

Por otra parte, los consejeros de Fomento también reclaman al Estado una nueva vía alternativa a la A-7 que conecte ambas comunidades y reduzca la saturación de la autovía. La obra supondrá una inversión de 566 millones y tendrá 132 kilómetros de longitud para conectar Jumilla a la altura de la A-33 con Cúllar (Granada) en la A-92. Esta conexión discurriría por el interior de la Región y de la provincia de Granada.