Podemos ha llevado al Constitucional las reformas de la legislación ambiental aprobadas por el Gobierno regional durante el primer estado de alarma que suprimen una serie de trámites para la aprobación de nuevos proyectos urbanísticos e industriales, como el requisito de la evaluación de impacto ambiental, y permiten un aumento de las emisiones contaminantes. La formación morada sostiene que estas reformas son contrarias a la legislación estatal de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas.
El coordinador autonómico de Podemos en la Región, el diputado del Congreso por Murcia Javier Sánchez Serna, ha anunciado esta mañana que su formación ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional recursos contra «cuatro de los decretos y leyes que el Gobierno regional aprobó durante la primera ola de la pandemia».
Estos decretos fueron convalidados por la Asamblea Regional el pasado mes de julio tras una intensa polémica sobre cuestiones como el traspaso de las competencias sobre las evaluaciones ambientales a los ayuntamientos, a pesar de que las corporaciones locales carecen de los medios técnicos y del personal necesario para realizar tareas encomendadas a la Consejería de Medio Ambiente.
También la Federación de Municipios de la Región se había opuesto a este cambio legal, aunque finalmente alcanzó un acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente que libera a los ayuntamientos con menos recursos y permite asumir estas obligaciones a los que tienen medios para realizar las evaluaciones ambientales.
Sánchez Serna asegura que las medidas aprobadas por la Región de Murcia suponen «un auténtico disparate legal, un atentado contra las garantías medioambientales, urbanísticas y de ordenación del territorio».
Explica que se trata de dos decretos y dos leyes impulsados por López Miras en pleno confinamiento domiciliario y que bajo el título de Medidas para la mitigación del impacto socioeconómico de la covid-19 escondían, según Sánchez Serna, «la eliminación de un plumazo de garantías esenciales de protección del medio ambiente y de prevención del urbanismo salvaje».
Considera que estas reformas son contrarias a «la legislación básica estatal de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas».
Entre los principales motivos que del recurso Sánchez Serna destaca que «con los decretos y leyes aprobados se pone fin al requisito de evaluación ambiental en numerosos proyectos de planeamiento urbanístico, algo que contraviene la Ley de Evaluación Ambiental estatal».
Por otra parte, «se abre la puerta a la realización de obras en edificaciones calificadas como patrimonio cultural sin los preceptivos informes de viabilidad, algo que también es incompatible con la Ley de Patrimonio estatal».
En tercer lugar, denuncian «la asignación a los ayuntamientos de las competencias para el planeamiento territorial y urbanístico de sus playas, pese a ser una competencia exclusiva autonómica».
Añade que «estamos antes una legislación que duplica, pasando del 15 al 30%, el porcentaje de incremento de emisiones, vertidos o residuos de un proyecto o de una explotación».
Alude a los recursos presentado por Podemos contra otras leyes del Gobierno regional, como la Ley de Aceleración Empresarial en 2018 y recuerda que «el Tribunal Constitucional, que dio la razón al grueso de sus argumentos el pasado mes de diciembre, y posteriormente, con la creación de la Agencia Regional del Clima y Medio Ambiente, el famoso ARCA, que rechazaron los propios Servicios jurídicos de la Asamblea Regional».
Además de los motivos de fondo para poner en duda la constitucionalidad de unos decretos y leyes aprobados en la Región, sostiene que colisionan con, al menos, cinco leyes de ámbito superior : Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Transparencia, Ley de Procedimiento Administrativo Común, Ley estatal de Evaluación Ambiental y Ley de Patrimonio.
De esta manera, Sánchez Serna ha denunciado que, a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía "señala claramente que la aprobación de un decreto debe ceñirse a causas extraordinarias y de urgente necesidad, que tienen que ser recogidas además en la exposición de motivos del texto publicado, nadie ha explicado por qué estas medidas impuestas por decreto-ley no podían demorarse dos o tres meses, siendo un disparate que se intente asociar la crisis de la covid-19 con la necesidad de eliminar de un día para otro garantías de protección ambiental».
A su juicio, «estamos, por tanto, ante un auténtico disparate legal, un atentado contra las garantías medioambientales, urbanísticas y de ordenación del territorio más básicas. No tenemos ninguna duda de que el Tribunal Constitucional va a admitir estos recursos y esperamos, que más pronto que tarde, nos dé la razón y tumbe esta chapuza del Gobierno regional de López Miras», ha concluido Sánchez Serna.
