El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada por la Asamblea Regional el pasado 22 de julio con el apoyo del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

El Pleno del alto tribunal trasladó ayer la demanda al Congreso, Senado y al Gobierno, así como a la Asamblea Regional y al gobierno autonómico de la Región para que puedan personarse y formular las alegaciones.

Vox espera que la decisión del TC sea «el principio del fin de una normativa liberticida que ataca a un sector que no tiene culpa ninguna de la situación del Mar Menor, como es la agricultura», explicaba ayer el diputado nacional Luis Gestoso.

Entre las alegaciones de constitucionalidad presentadas, la formación de Santiago Abascal entiende que la ley afecta al derecho de propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución, así como al derecho de libertad de empresa en artículo 38. En este sentido, consideran que la nueva norma impone limitaciones e impone prohibiciones a los agricultores que no pueden ser acordadas por la Comunidad Autónoma. También afecta, sostienen, a la planificación hidrológica y al dominio público marítimo terrestre, que son competencia del Estado.

Por otro lado, defienden que la ley quiebra el necesario equilibrio entre medio ambiente y la actividad socioeconómica apartándose de la obligación constitucional del artículo 45 de la CE.

Consideran también que la norma realiza una redefinición y delimitación zonal «irracional y discriminativa», al tiempo que utiliza unos criterios arbitrarios como el de la cercanía.

Asimismo, Vox alega que las prohibiciones y restricciones impuestas al uso agrícola no son adecuadas ni para proteger la actividad económica agrícola (con la trascendente afectación del empleo al ser uno de los motores económicos de la comarca) ni medioambientales y no conseguirán la finalidad pretendida.

«Frente a esta Constitución de Corea del Norte que ha sido esta ley infumable del Mar Menor, Vox propone tres propuestas sencillas, baratas y plausibles que no criminalizan a la agricultura», recuerda Luis Gestoso. Estas medidas incluyen la apertura de las golas, el saneamiento perimetral alrededor del Mar Menor con una zanja «que quite los nitratos» y hacer un «saneamiento separativo» que discrimine las aguas fecales de las aguas pluviales, que son las que deben ir al Mar Menor, «y no toda esa ponzoña, que por culpa de la dejación de los ayuntamientos, llega a la laguna».

El secretario general del Partido Popular nacional, el ciezano Teodoro García Egea, pidió por carta la semana pasada a Vox que apoyaran su enmienda para bonificar las inversiones en el Mar Menor a los PGE.

Luis Gestoso afeó ayer en otra carta a García Egea que con la enmienda popular «se trata de incentivar la creación de chiringuitos con cargo al erario público». Del mismo modo, le recordó que se debe actuar en un «plan salmuera cero», en el que «no colabora» el Gobierno regional y, finalmente, sugirió al PP que se mueva para revocar la Ley de Protección Integral del Mar Menor, recurrida al TC por su partido por considerarla inconstitucional.