El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Vox contra la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, aprobada por la Asamblea Regional el pasado 22 de julio con el apoyo del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos.

Para Vox, la nueva normativa ataca a los agricultores y, entre sus alegaciones de inconstitucionalidad, el partido Santiago Abascal defiende que la ley afecta al derecho de propiedad recogido en el artículo 33 de la Constitución y libertad de empresa del artículo 38 de la CE. En este sentido, impone limitaciones e impone prohibiciones a los agricultores que no pueden ser acordadas por la Comunidad Autónoma. También afecta, sostienen, a la planificación hidrológica y al dominio público marítimo terrestre que son competencia del Estado.

Por otro lado, defienden que la ley quiebra el necesario equilibrio entre medio ambiente y la actividad socio económica apartándose de la obligación constitucional del artículo 45 de la CE.

Consideran también que la norma realiza una redefinición y delimitación zonal "irracional y discriminativa", utiliza unos criterios arbitrarios como el de la cercanía y cambia criterios de uso que se apartan de los criterios técnicos incurriendo en arbitrariedad.

Asimismo, Vox alega que las prohibiciones y restricciones impuestas al uso agrícola no son adecuadas ni para proteger la actividad económica agrícola (con la trascendente afectación del empleo al ser uno de los motores económicos de la comarca) ni medioambientales y no conseguirán la finalidad pretendida.