24 de noviembre de 2020
24.11.2020
La Opinión de Murcia
Protestas

Reclaman un profesional de servicios sociales por cada 3.000 usuarios

El presidente del Cermi plantea limitar el copago para propiciar su eliminación progresiva de las prestaciones y ayudas en este ámbito

23.11.2020 | 20:39
Carrión, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social.

El presidente del Comité español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pedro Martínez, planteó ayer ante la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional la limitación del copago para propiciar su eliminación progresiva en el ámbito de los servicios sociales.

Martínez consideró que en servicios como un centro de día o una residencia, solo debe exigirse el copago a las personas que tengan capacidad económica. «Nos gustaría que hubiese un umbral sin copago y limitarlo para conseguir que de manera progresiva el copago vaya desapareciendo de las prestaciones y ayudas de los servicios sociales», aseguró.

Sobre el copago, expuso que es un tema «controvertido» y que lo que suele ser gratis «no se valora», pero cree que hay que establecer sistemas que sean «más beneficiosos para la persona que lo necesite». El presidente del Cermi realizó diversas aportaciones a la ley de Servicios Sociales, como que los trabajadores sociales deben atender a un máximo de 3.000 expedientes para evitar que se produzcan las listas de espera. «Por encima de esas 3.000 personas podría generar una saturación en el sistema», expuso a los parlamentarios.

Pidió también celeridad a los diputados porque tras la pandemia hay ciertas situaciones que se han agravado: antes de la crisis de la covid-19, entre 200 y 300 personas esperaban una plaza en un centro de día o residencia. La nueva ley de Servicios Sociales debe recoger, dijo, el catálogo de servicios, incorporar las enfermedades raras y a los inmigrantes y garantizar que la Comunidad ofrece una atención mínima en todos los ayuntamientos. El presidente del Cermi instó a «mirar al futuro» recordando que la última ley de Servicios Sociales de la Comunidad data de 2003.

Por parte de los grupos políticos, el diputado socialista Pedro López echó «de menos en la ley que no haya una relación expresa de las prestaciones específicas para las mujeres víctimas de violencia de género». La diputada popular Maruja Pelegrín celebró que la Región sea «un ejemplo de colaboración público-privada» porque «las dos cosas son buenas, se complementan y son necesarias para una sociedad en libertad».

Por su parte, Francisco Álvarez, de Cs, compartió la necesidad de «la ratio mínima por persona y que, de forma progresiva, vayamos pudiendo eliminar el copago de todos los servicios sociales».

Por último, el diputado de Vox Juan José Liarte se preguntó si «no es posible que eliminando el copago nos enfrentemos a un exceso de demanda que no coincide con una necesidad real sino con la circunstancia de que resulta absolutamente gratis».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Lo último Lo más leído