Diciembre de 1997. La andaluza Ana Orantes ponía voz y rostro a la violencia machista al denunciar públicamente en televisión el calvario y el maltrato que sufrió a lo largo de sus 40 años de matrimonio. «He aguantado palizas sobre palizas porque yo con 11 hijos no tenía dónde ir», relataba en el programa De tarde en tarde de Canal Sur su escalofriante testimonio con templanza y mucha valentía.
Trece días después José Parejo, su exmarido con el que aún convivía por orden judicial, cumplió sus amenazas de muerte: la golpeó, la amarró a una silla y tras rociarla con gasolina, la quemó viva en su propio jardín. Todo ello en presencia de su sobrina que en aquel entonces tenía solo 12 años de edad. Fue la propia niña quien pidió auxilio a sus vecinos y un guardia civil cuando llegó a la vivienda intentó apagar el fuego con mantas, pero para entonces Ana ya había fallecido calcinada.
«Ana Orantes, en su ejercicio de libertad vino hace justo 15 días, justo a esta hora ella estaba ahí sentada con nosotros. Ella vino y con voz alta vino a pedir ayuda. A Ana le hemos fallado. Ella ayer murió, su marido la mató». Así abrió el programa la presentadora Irma Soriano con un gesto serio, vestida de negro luciendo un lazo morado en su solapa.
Aquellos hechos que conmocionaron a la sociedad española marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país, y ahora es un icono del movimiento contra la violencia de género que anualmente, el 25 de noviembre, reivindica la necesidad de erradicar esta lacra. Su historia supuso un punto de inflexión en la legislación de la violencia de género con la promulgación, siete años después, de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
¿Por qué el 25-N?
Que la Organización de Naciones Unidas (ONU) eligiera esta fecha en 1999 para visibilizar la violencia de género no fue casualidad. Un 25 de noviembre de 1960 el dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, mandó a asesinar a las tres hermanas Mirabal. Patria, Minverva y María Teresa eran tres activistas por los derechos de los dominicanos y férreas opositoras al régimen del dictador. La muerte de las 'Mariposas', que así pasaron a conocerse, dio pie a que activistas y militantes escogiesen este día para reivindicar la necesidad de acabar con toda forma de discriminación hacia las mujeres, la mitad de la población mundial.
Ellas tres se convirtieron en un referente de la lucha antes de que oficialmente se estableciese la fecha de su asesinato como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, muchos activistas aprovechaban el aniversario de su muerte para visibilizar la causa.
En la resolución aprobada por la ONU en 1999, se muestra como motivo de preocupación la situación de desprotección ante la violencia que sufren «las mujeres que viven en determinadas circunstancias como las que pertenecen a minorías, indígenas, refugiadas, migrantes, las que viven en entornos rurales o remotos, indigentes, recluidas, detenidas, niñas, discapacitadas o las que viven en lugares en situación de conflicto».
La violencia de género es una tara global y multiforme de consecuencias devastadoras. La muerte de una mujer es tan solo la punta del iceberg, el culmen: la violencia machista tiene muchas caras. La trata, el control económico y el de las relaciones sociales, la violencia sexual (agresiones sexuales), psicológica (insultos) y física (los golpes), el acoso o la mutilación genital son graves violaciones de los derechos humanos que, según Amnistía Internacional, afectan al 70% de las mujeres de todo el mundo.
Desde la ONU reconocen que solo «dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica» mientras que «37 estados en todo el mundo todavía no juzgan los casos de violación si esta se perpetua dentro del matrimonio o si después de la agresión, víctima y violador contraen matrimonio», así como en otros «49 estados no existe legislación que las proteja de la violencia doméstica».
En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993 se entiende como violencia «aquella que se ejerce física, sexual o psicológicamente sobre la mujer en la familia, en la comunidad y en el Estado». Cuando se señala a la familia se incluyen los malos tratos, el abuso sexual, la violación, la mutilación genital femenina o la explotación. Al apelar a la comunidad se introduce la violación, el abuso sexual, el acoso, la trata, la prostitución forzada y la intimidación en el trabajo, instituciones educacionales o otros lugares. Y por último, en el Estado se refiere a toda aquella violencia perpetrada o tolerada en cualquier país del mundo.
Ablación genital en la Región
La delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género ha presentado el estudio 'La mutilación genital femenina (MGF) en España' el cual estima que hay 15.562 niñas de entre 0 y 14 años en riesgo de sufrirla. Estas menores son procedentes de países donde se practica la MGF.
Hace un año María del Mar Pastor, profesora e investigadora en Enfermería de la Universidad de Murcia (UMU), explicó en este periódico que «en la Región de Murcia son alrededor de 1.400 las mujeres supervivientes a esta práctica o que están en riesgo de sufrirla». Parte de esa cifra la componen murcianas, cuyos padres o abuelos mantienen la tremenda costumbre de sus países de procedencia de seguir sometiéndolas a esta ablación.
Naciones Unidas considera la MGF «una violación de los derechos humanos, una forma de violencia contra la mujer y una discriminación por razón de género porque es un acto que se ejerce contra mujeres y niñas por el hecho de serlo».
Esta práctica es un delito de lesiones (Artículo 149.2 del Código Penal) castigado con entre 6 y 12 años de cárcel para quien la practique en España y, además, puede acarrear para los padres la pérdida de la custodia de la menor, aunque la mutilación se haya producido en otro país.
El plazo para poder perseguir penalmente este delito es de 15 años desde que se hubiera practicado la mutilación. Por tanto, según se detalla en el 'Protocolo para la prevención y actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en la Región de Murcia' del Servicio Murciano de Salud, el personal sanitario tiene la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad judicial la posible existencia de un hecho delictivo, como es la MGF.
Todo tipo de violencia de género es una lacra de la sociedad, no solo española, sino universal. Para acabar con ella se ha de unir fuerzas este 25 de noviembre para denunciar esta realidad y para reivindicar todos los derechos que aún están por lograr. No es un día para celebrar ni felicitar, porque feliz será el día en el que no se vulneren los derechos de las mujeres por el mero hecho de serlo, y también será más feliz aún el día que no falte ninguna.
25N
