La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una operación para investigar la venta, a través de Internet, de varias piezas de marfil tallado, que se ha saldado con la incautación de tres crucifijos de marfil y un colmillo ornamental de elefante, informa el Cuerpo en una nota.

Su poseedor, vecino de Lorca, ha sido propuesto para sanción por la tenencia y comercialización irregular de las piezas conforme a la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión de Contrabando.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) iniciaron la investigación cuando conocieron la venta de varias piezas de marfil a través de una conocida web de compraventa de artículos de segunda mano.

Los agentes indagaron hasta identificar a la persona que se hallaba tras el anuncio, lo que permitió su localización, así como la intervención de los tres crucifijos de marfil y un colmillo ornamental de elefante que aparecían ofertados en la página web.

Los objetos, elaborados con marfil de elefante (Loxodonta africana, Elephas máxima), se encuentran incluidos en el anexo A del Reglamento (CE), 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestre mediante el control del comercio, explica el Cuerpo.

Este reglamento prohíbe la reexportación, la compra, la oferta de compra, la adquisición y la exposición al público con fines comerciales, así como la utilización con fines lucrativos y la venta, la puesta en venta, el transporte o la tenencia para su venta de las especies enumeradas en el citado anexo, entre las que se encuentran los elefantes africanos y los asiáticos.

Existen exenciones en cuanto a su comercio interior y reexportación a terceros países, que deben ser documentados mediante certificación expedida por la autoridad administrativa CITES.

No es la primera vez que el Instituto Armado desarrolla una operación al detectar la venta de diversas piezas de marfil ofertadas en una página de Internet de compra y venta de objetos de segunda mano. Estas piezas carecen siempre de facturas y documentos acreditativos de su procedencia. Por este motivo, se procede a la incautación de dichas piezas y a la sanción administrativa de los vendedores particulares.