Tanto Partido Popular, como Ciudadanos y Vox ya han anunciado que llevarán ante el Tribunal Constitucional la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) por aspectos lesivos como la perdida del criterio de demanda social, la imposibilidad de ceder suelo público a la escuela concertada, la pérdida de peso que tendrá la asignatura de Religión dentro de las aulas, sumado a «discriminación a la lengua castellana» en comunidades con lengua propia.

En la Región de Murcia, el presidente Fernando López Miras anunció el miércoles que el Gobierno aprobará órdenes o decretos, siempre dentro de las competencias regionales en materia de Educación, para contrarrestar el efecto normativo que tiene la Lomloe sobre, por ejemplo, la escuela concertada o los centros de educación especial.

Las acciones de Miras corren en paralelo a las que llevarán a cabo sus compañeros del PP que gobiernan en otras comunidades autónomas, como Madrid, donde su presidenta Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado contrarreformas a la Lomloe para blindar la educación especial y concertada.

Según publicaba ayer el diario El Mundo, la dirección nacional del PP llamará la próxima semana a los consejeros populares de Presidencia y Educación (en el caso de la Región serían Javier Celdrán y Esperanza Moreno) para tratar sobre cómo deben operar estas comunidades para frenar mediante decretos la ley Celaá.