19 de noviembre de 2020
19.11.2020
La Opinión de Murcia
Delito

Investigan por delito de odio al exjuez de Murcia que retrasó la adopción de una pareja de mujeres

Ferrín Calamita escribió en redes que la hija de ambas había sido dada a Servicios Sociales, algo que era falso

19.11.2020 | 21:24
Fernando Ferrín Calamita

El pasado verano, en su cuenta de una red social, Fernando Ferrín Calamita, en tiempos juez, escribió que la pareja de mujeres a la que un día retrasó a propósito la adopción de su hija ya no estaba junta y, más aún, que habían dado a la niña, Candela, a los Servicios Sociales. Un montón de falsedades, se apresuraron a explicar las madres. El desmentido no quedó ahí: ellas denunciaron al ex magistrado por lo que consideraban había cometido, un delito de odio.

Ahora, meses después de aquello, el Ministerio Público ha atendido la demanda de las mujeres y es partidario de investigar al ex juez, pues ya fue inhabilitado precisamente por el caso de estas madres, confirma el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera.

"Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI", escribió este individuo en sus redes sociales.

"Esto es totalmente falso", indicó entonces a este este diario una de las madres, "cansada de que esta persona nos siga molestando". "La niña está con nosotras, en casa, con sus dos madres", remarcó.

El año pasado, el Supremo denegó la rehabilitación en la carrera judicial de Ferrín Calamita después de cumplir la pena de diez años de inhabilitación especial a la que fue condenado por retrasar la adopción de la citada menor por parte de la mujer de la madre biológica.

El alto tribunal consideraba entonces en su resolución que el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial supuso la privación definitiva del cargo de magistrado y añadía que la entidad del delito cometido por el exjuez es "difícilmente compatible con la idea de rehabilitación" teniendo en cuenta la gravedad de la actuación cometida, "el daño por el servicio público a la justicia y la relación directa con el desempeño del cargo"

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