La Consejería de Salud investiga si las clínicas de Torre Pacheco y Pozo Estrecho (Cartagena) clausuradas por hacer PCR fraudulentas realizaban estas pruebas a trabajadores del campo o a vecinos extranjeros que la necesitaban para viajar a su país de origen, explican fuentes cercanas a la investigación, que continúa abierta.
En el primer supuesto, los clientes de estos negocios serían jornaleros que necesitarían ocultar bien su contagio o bien que son contactos estrechos de un positivo, ya que, si un día no van al tajo, no cobran.
«Eran los propios sanitarios los que nos decían que muchos trabajadores necesitaban ir a trabajar porque era su medio de vida: el día que no iban, no cobraban. Llegaban a ocultar su situación sanitaria o que tenían que guardar un confinamiento obligatorio por haber estado en contacto con un positivo», declara el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, a preguntas de este periódico.. En su pueblo, la clínica bajo sospecha es un lugar frecuentado por población de origen árabe.
A su juicio, «esa falta de estabilidad» en el trabajo sería el germen de prácticas como la destapada por la Consejería. «Se está poniendo en evidencia una precariedad laboral en el campo que no hace otra cosa que poner en riesgo la salud de todos si no se le da una solución» sostiene el regidor, que ve «muy acertado que sea la Administración quien investigue y detecte estas anomalías, para quitarla de la circulación».
En las clínicas bajo sospecha, se ofertaban como PCR pruebas que en realidad eran de serología o de antígenos.
En el caso de Pozo Estrecho, el centro investigado, en la calle San Agustín, está dividido en dos inmuebles comunicados. Uno de ellos se dedica de manera integral a la fisioterapia, mientras que el otro era utilizado para pasar consulta y realizar las pruebas PCR. Son los propios fisioterapeutas los que confirman esta información a LA OPINIÓN tras visitar la clínica en el día de ayer.
«Yo sí que era conocedor de estas irregularidades», declara un vecino de la diputación cartagenera. «Un amigo mío acudió a realizarse el test y el resultado fue erróneo, porque a los dos días le repitieron la PCR en el hospital Santa Lucía y el resultado fue negativo», explica.
Según este vecino, la clínica cobraba 40 euros por prueba PCR y durante los últimos meses «había colas de entre 15 y 20 personas a diario». En su mayoría eran trabajadores del campo de origen marroquí, apunta.
«Aquí venía mucha gente preguntando por la clínica», asegura María González, empleada de una gasolinera a la entrada del pueblo. «No era gente del pueblo, me decían que venían de empresas de trabajo temporal», añade.
Yahya Boutargui, vecino del Campo de Cartagena, acudía ayer con su esposa a la clínica «para hacernos la PCR antes para poder irnos a Marruecos», ya que «un amigo me la había recomendado». Pero se la encontró cerrada.
Desde Salud dijeron ayer que comunicarían a la Justicia todo cuando acabe su investigación.
