UCOERM manifiesta en asamblea su preocupación por la Reforma de la Ley de Educación

El presidente de UCOERM, Juan Antonio Pedreño, expuso a los asistentes su preocupación: «No entendemos la urgencia por reformar esta ley con la situación que estamos viviendo, en un momento en el que la cabeza y los sentidos deben estar en la solución de la crisis sanitaria y económica». Pedreño avanzó que próximamente podrá reunirse con la ministra Isabel Celaá y le transmitirá que desde la Economía Social se asiste con preocupación a los avances del gobierno en este asunto. «Casi todos los puntos afectan e intranquilizan a la comunidad educativa del sector concertado».

A lo largo de la asamblea distintos cooperativistas y educadores, así como representantes de asociaciones de padres y madres de alumnos (FAMPACE) manifestaron sus dudas y sus reflexiones acerca de esta reforma legislativa que preocupa a todo el sector. El manifiesto es el que se publica a continuación.

Manifiesto íntegro de Ucoerm

Ucoerm, organización que representa en la Región de Murcia aproximadamente al 50 por ciento de los centros

concertados (cerca de 1.500 aulas, y 38.000 alumnas y alumnos) y a más de 120 escuelas infantiles, quiere manifestar

en relación con la LOMLOE y su próxima propuesta al Congreso las siguientes consideraciones.

1. Ucoerm manifiesta su malestar por el actual ambiente de crispación y de enfrentamiento innecesario, con el lógico desencuentro de la comunidad educativa, en un momento en el que se debería apostar por los consensos.

2. Ucoerm considera que en estos momentos, donde priman otras preocupaciones en la sociedad, derivadas de la pandemia, como la salud, el estado de economía, empresas, bienestar, pérdidas de empleo... No parece que sea el momento más adecuado para aprobar una legislación tan importante, aun entendiéndose necesaria una ley que pudiese mejorar la situación actual del sistema educativo (mayor inclusividad, reducción de fracaso y abandono escolar€), para con celeridad plantear la aprobación de una ley sin acuerdos, sin consensos con organizaciones y asociaciones del sector y que puede afectar claramente a gran parte de la sociedad.

3. Ucoerm considera que no se debería utilizar a la enseñanza concertada como campo de enfrentamiento entre distintos enfoques ideológicos, sino que debería de ser la educación motivo de un Pacto de Estado y en su caso Autonómico. Reiteramos en este sentido la necesidad de posibilitar un Pacto Educativo en la Región de Murcia.

4. Ucoerm quiere señalar que las cooperativas se caracterizan por el principio de pluralidad ideológica de sus miembros e independencia y autonomía en cuanto a organizaciones representativas. El valor de las cooperativas como modelo económico y social, y por supuesto educativo como es el caso, fomenta los valores universales de democracia, solidaridad, transparencia, ética y cooperación. Entendemos que la educación es un servicio público, en tanto que asegura un derecho básico y no ha de quedar necesariamente ligado a un tipo de titularidad: la definición de servicio público trasciende del debate estricto de la titularidad.

Compartimos la escolarización equilibrada, integración y alumnos con NEE. Cumplimos el principio de gratuidad.

5. Ucoerm ha manifestado en reiteradas ocasiones su postura a favor de revisar aspectos de la Ley actual y es posible que esta ley pudiera ser una oportunidad para ello, pero eso no es óbice para intentar con esta nueva ley forzar la Subsidiariedad de la concertada respecto de la pública y no respetar el sentido de complementariedad de ambas redes. Hasta ahora ha habido una colaboración inteligente y así debería seguir siéndolo.

De hecho, el artículo 116, correspondiente al acceso o mantenimiento de los Conciertos educativos, otorga preferencia a los que están constituidos y funcionan en régimen de cooperativa, cuya especificidad será además objeto de reconocimiento.

6. Pero no entendemos ni compartimos que en varios artículos de la LOMLOE, como por ejemplo el referido a la Educación Infantil, aparezcan términos como: «Incrementarán progresivamente el número de plazas públicas», lo que podría conllevar que la escolarización de los padres se produjese en esos centros y después no cambiasen sus hijos e hijas a otros centros a partir de los 3 años; este apartado, unido a la situación de baja de la natalidad, genera un estado de incertidumbre ante la pérdida de alumnado y de puestos de trabajo de estas docentes. Esto nos lleva a plantear la necesidad de financiar la etapa 0-3 años en los centros sostenidos con fondos públicos, especialmente en las cooperativas.

Del mismo modo, en el artículo 109, referente a la Programación de la Red de Centros, donde de no aparecer nada en el borrador de la Ley, termina apareciendo: «Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública».

Y en su punto 4 señala que «las Administraciones educativas deberán tener en cuenta las consignaciones presupuestarias existentes y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos». El uso de este apartado, unido a las referencias anteriores produciría pérdida de unidades concertadas. La concertada sólo se reconoce en niveles obligatorios y como subsidiaria, en aquellas zonas donde la oferta pública no sea suficiente para atender las necesidades de escolarización.

7. Otros aspectos, como la distribución unilateral del alumnado con desventaja social (en este caso estamos de acuerdo con un reparto equitativo de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales o por cualquier otra circunstancia, lo que evitaría la segregación educativa); en todo caso apoyamos el mantenimiento de los Centros de Educación Especial.

Valorar los criterios de la solicitud de admisión, como cercanía al centro, especialmente, o nivel de renta, hermanos/as,€ eliminarían la petición de esta organización del mantenimiento del distrito único o la libre elección de centro por parte de los padres, y ponen contra las cuerdas a una red de centros que, hasta ahora, había coexistido con cierta tranquilidad a pesar de que los costes de la misma no cubrían la educación impartida y los gastos de los centros.

Esto nos lleva a solicitar que el módulo de conciertos (que en estos presupuestos se incrementa casi un 6%), se analice y se resuelva de forma urgente y prioritaria. Es preciso clarificar que el término 'demanda social' sólo se utilizará cuando se trate de abrir nuevos centros o de ampliar plazas, como parece entenderse de la Ley.

Y por último, es preciso clarificar el fondo de la propuesta que plantea «según se vaya ampliando la oferta pública, se irán reduciendo progresivamente los conciertos educativos».

8. Desde Ucoerm entendemos que debemos defender nuestros derechos actuales y así lo vamos a hacer, y queremos pedir un esfuerzo a los responsables políticos, para superar las dificultades de confrontación ideológica en algo tan importante y básico para un país como es la Educación y llegar a un acuerdo con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, asociaciones y organizaciones del sector de la enseñanza. Es un consenso necesario.

9. Recordar a la Administración y al Gobierno Central que precisamente fue este Gobierno quién estableció los conciertos educativos en 1985 y quién estableció ayudas económica (Adicional Novena) desde el Ministerio de Trabajo para la creación de los centros que fuese necesario construir bajo la forma de cooperativa.

Y recordar también que son centros concertados aquellos centros de iniciativa privada con quienes las administraciones suscriben acuerdos para ser sostenidos con fondos públicos.

Manifiesto aprobado por unanimidad por las cooperativas de enseñanza y suscrito íntegramente por la Federacion de Madres y Padres de Alumnos de Cooperativas de Enseñanza (FAMPACE).