La mezcla de podas y troncos con los lodos generados en las depuradoras de la Región de Murcia generaría un compost perfecto para enriquecer un suelo comunitario árido y pobre en nutrientes y que ayudaría a captar dióxido de carbono. Esta será una de las alternativas a las quemas agrícolas en la Región de Murcia que los agricultores quieren poner encima de la mesa en el próximo Consejo Asesor Regional Agrario, dentro de dos semanas, cuando se apruebe la modificación de la orden de 2017, en la se establecen medidas fitosanitarias en caso de acumulación de restos vegetales.

Con dicho cambio, que la Consejería de Agricultura llevaba negociando con los ayuntamientos desde hace meses, los agricultores que quieran llevar a cabo una quema agrícola por riesgo fitosanitario deberán contar con un informe expedido por un asesor en gestión de plagas que acredite un riesgo sanitario en la explotación, así como firmar una declaración responsable. Así mismo, los productores deberán comunicar al ayuntamiento su intención de incinerar los restos vegetales por riesgo de plagas, junto con la presentación del informe favorable que, en su caso, «procediera en materia de prevención de riesgos forestales, a fin de que por el ayuntamiento se determinen las medidas de protección contra la contaminación atmosférica, que, en su caso, deberán observarse para evitar que la quema afecte a la población de su núcleo urbano», según la nueva orden a la que ha tenido acceso esta redacción.

Por su parte, COAG pedirá en dicho consejo una mayor financiación para empresas que se encargan de la gestión de estos residuos en la Región, así como para los Ayuntamientos o para los particulares, con el fin de adquirir maquinaria capaz de gestionar la eliminación mediante trituración de podas o troncas (restos de troncos con las ramas ya cortadas). Como alternativa plantean generar un compost con la mezcla de estos restos y los lodos generados en las depuradoras de Murcia, y mediante convenios con ayuntamientos o con las entidades que gestionen las depuradoras, poder acceder a un porcentaje del compost fabricado para enriquecer los cultivos con esta materia orgánica.

La asociación Stop Quemas señala que esta modificación de la orden de 2017, que desarrolla en la Región la ley nacional de residuos y suelos contaminados, vuelve a «hacer una interpretación de la norma nacional para hacer igual de laxos los condicionantes, aunque con más burocracia». Piden un sistema de gestión eficaz y legal de los restos vegetales que ayude a los agricultores a conseguir materia orgánica, «favoreciendo el enriquecimiento de sus suelos y evitando la contaminación del aire».