Para llevar a cabo los planes que pretende la nueva ley de Educación o LOMLOE con respecto a la educación especial, harían falta muchos recursos materiales para los centros ordinarios, habilitar espacios como salas de fisioterapia, dotar con más profesionales de diferentes especialidades a estos centros y mayor formación a sus docentes, así como, probablemente, más de diez años de transición en esa progresiva escolarización de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales en colegios o institutos.
El nuevo reglamento de Educación, también conocido como 'ley Celaá', busca impulsar la educación inclusiva en los centros ordinarios contando con los «recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», según señala la ya famosa disposición adicional cuarta de la LOMLOE, que añade que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios». Esta medida, y sobre todo su redacción en la nueva normativa, ha generado controversia y confusión, ante el posible desmantelamiento de los centros de educación especial.
En la Región de Murcia 13.194 alumnos tienen necesidades educativas especiales, de los cuales 11.467 están escolarizados en centros ordinarios y 818 en centros de Formación Profesional. Mientras, 909 alumnos asisten a uno de los doce centros de educación especial, donde se atiende al alumnado con una afección grave y permanente, acreditada con informes médicos.
Estos 909 alumnos de la Región son quienes están en el centro del debate. Joaquín Barberá, presidente de Plena Inclusión en Murcia, que aúna a once asociaciones formadas por familias de personas con discapacidad intelectual, señala que la principal apuesta que debe acometer el sistema de enseñanza en España y en la Región es por la educación inclusiva. «Un alumno de educación especial pueda estar en un aula abierta de un centro ordinario o un aula de integración, pero bajo la premisa de que debe ser compatible la subsistencia de los centros de educación especial, para atender a los alumnos que por determinados condicionamientos médicos no pueden escolarizarse en otro sitio, y los centros ordinarios». Es decir, la educación inclusiva no debe conllevar el cierre de ningún centro de educación especial ni ahora ni dentro de diez años, como indica Barberá, ya que tiene en mente a los padres que se sienten más seguros con un entorno de máxima atención especializada para sus hijos.
El Ministerio de Educación ha defendido en los últimos meses que su intención con la LOMLOE no es vaciar estos centros donde se atienden a los alumnos con las patologías más graves. La Consejería de Educación señala que la administración, ante un caso en el que se debe atender dentro del sistema educativo a un menor con discapacidad, emite un 'dictamen de escolarización' en el que los técnicos realizan una propuesta respecto al tipo de centro que más conviene al alumno. Pero, finalmente, son las familias quienes deciden si escolarizar a su hijo en un centro específico u ordinario, respaldado por un informe médico que así lo determine, un derecho reconocido en la jurisprudencia.
«Los centros ordinarios deben tener un nivel de infraestructuras y de organización acorde a los distintos modos de atención a la diversidad», señala Antonia Fernández, orientadora en el Colegio Público de Educación Especial Pérez Urruti de Churra (Murcia). Un centro ordinario, señala, debe cubrir todas las necesidades específicas que pueda tener un menor. «En nuestro centro tenemos niños gravemente afectados y otros con una discapacidad ligera pero que por otros asuntos, sobre todo los relativos a la salud mental, sería difícil su permanencia en un centro ordinario».
Tanto ella como Antonia Capel, secretaria del centro, señalan que les llegan muchos alumnos desde los centros ordinarios buscando la escolarización que necesitan al encontrar un 'tope' en su aprendizaje en algunas de las etapas educativas que cursaban en un colegio o instituto. «Considero que hay niños graves, con parálisis cerebral o niños prematuros con un grave problema social, que conforman una población que necesita una atención muy personalizada y que no se beneficiarían tanto de un entorno de socialización», explica la orientadora, en referencia a qué encontrarían si llegasen a un centro ordinario. Hay alumnos, también, como los que padecen Trastorno del Espectro Autista (TEA), que necesitan grupos pequeños «porque se desbordan en un aula abierta», añade, «los centros ordinarios no están preparados ahora mismo para dar una respuesta a muchos tipos de alumnos gravemente afectados».
Según indican los especialistas, si realmente hubiera una importante financiación para acondicionar los centros ordinarios, sería posible escolarizar a una parte de los niños que ahora están en un centro de educación especial.
