El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, será llamado a comparecer en la comisión que investigará las consecuencias sociales, sanitarias y de seguridad de la llegada de migrantes en patera. Así lo va a requerir el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional tan pronto como la comisión comience a andar, el próximo 16 de noviembre, ya que él es el responsable de la gestión y custodia de los inmigrantes que llegan a la costa. Junto al ministro, los populares van a pedir también la presencia del delegado del Gobierno, José Vélez, así como de los representantes de los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil, como son la AUGC, Jupol y SUP.

Según el artículo 502.1 del Código Penal, si el ministro se negara a declarar podría incurrir en un delito de desobediencia. No obstante, a falta de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se está aplicando doctrina consultiva del Consejo de Estado, que en varios dictámenes ha reiterado que la función de control de las asambleas legislativas de las comunidades debe limitarse «al ejercicio del control parlamentario sobre la acción de la administración situada bajo la autoridad del Gobierno sometido al control de la Cámara legislativa en que se constituyen aquellas».

Basándose en este principio, en la Comisión de Investigación sobre la Operación Catalunya, en el Parlamento catalán, se concluyó la ausencia de obligación de comparecencia que pudiera dirigirse al presidente y la vicepresidenta del Gobierno de la Nación, ministros, ex ministros del Gobierno, altos cargos y ex altos cargos. En esta legislatura, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, han rechazado comparecer ante la Asamblea, pero se trataba de comisiones especiales, no de investigación.

El portavoz popular, Joaquín Segado, denuncia la «gestión negligente» del Gobierno de España y, en concreto, de José Vélez, en lo que respecta a la inmigración. Considera que se ha dejado en manos de la Comunidad toda la gestión del problema, que es «competencia suya exclusivamente». Además, entiende que se ha puesto de manifiesto «la carencia de efectivos de seguridad, que se encuentran desbordados».

622 personas llegaron a las costas de la Región en septiembre. En octubre siguieron llegando inmigrantes en masa, como el fin de semana del 17 y 18, cuando 218 personas arribaron en 24 horas. El 1 de noviembre, 9 pateras llegaron a la costa con 106 migrantes. Un día después, se interceptaron 8 embarcaciones con 106 personas. Pese a los datos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, negó a Lourdes Méndez (Vox) en la Comisión de Interior del Congreso el 27 de octubre que la Región sufriera «entradas masivas» de inmigración ilegal.

Sin partida en los PGE 2021 para el CATE de Cartagena

La creación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el Puerto de Cartagena es una de las reivindicaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado reclamando al Gobierno de España desde que la ciudadad portuaria comenzó a ser destino habitual de llegada de la inmigración irregular. El Partido Popular ha lamentado recientemente que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 no se haya incluido ninguna partida dedicada a la construcción del tan necesitado CATE.

El propio delegado del Gobierno, José Vélez, manifestó en junio, durante lo que él mismo denominó «avalancha migratoria», que un CATE «facilitaría mucho» la gestión migratoria, al tiempo que acusaba a Joaquín Segado (PP) de haber renunciado anteriormente a tener uno».