El Ministerio para la Transición Ecológica ha incrementado en varias áreas los efectivos dedicados a las labores de vigilancia, lo que se ha traducido en un aumento de los expedientes sancionadores. Dichos expedientes se envían puntualmente a la Comunidad Autónoma de Murcia para su conocimiento, y al efecto de que lleve a cabo las actuaciones necesarias en el marco de sus competencias, tal y como destaca el Ministerio.

Desde hace unos meses también se comunican los del resto de la cuenca y los expedientes se trasladan también a la Fiscalía Superior de la Región. En conjunto se han remitido a la Comunidad 155 expedientes sancionadores en toda la cuenca, de los que 129 corresponden al Mar Menor, 16 más que en septiembre. En total, el número de expedientes sancionadores iniciados desde 2018 por uso privativo de aguas sin autorización asciende a 292, los mismos que hace dos meses. Y la superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 2.157,75 ha. Además, la superficie denunciada desde esa fecha, pero todavía sin resolución, asciende a 2740,83 ha (incluye las 635,4 ha de la CR Arco Sur recientemente inspeccionada).

Los primeros 65 expedientes remitidos a la Comunidad por uso privativo de aguas sin autorización, iniciados en 2018, por un total de 1.040,50 hectáreas denunciadas, se ha comprobado, mediante nuevas inspecciones realizadas en enero y febrero de 2020, que únicamente 504,81 estaban en riego en 2020, lo que supone que el 51,48% de la superficie denunciada en 2018 no se encontraba en riego a primeros de 2020.

La Confederación Hidrográfica del Segura ya ha iniciado una nueva revisión de esas superficies que indique de esas zonas que no estaban ya en riego en enero y febrero persisten o se han vuelto a cultivar. Por otra parte, continúan las actuaciones que dilucidarán la legalidad de la superficie restante, hasta determinar la situación de la totalidad de las 9.500 hectáreas regadas que no está inscritas en el registro y que la CHS identificó por mediante teledetección.