Desde que la Asamblea regional aprobase en julio la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, las empresas agrarias del Campo de Cartagena y los regantes vienen rumiando una alternativa al texto normativo que salió adelante con el apoyo del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos.
A estas formaciones siempre les acusaron de aprobar una ley que no contaba con criterios técnicos ni científicos y que regulaba casi en su totalidad una sola actividad: la agrícola. En respuesta, los empresarios agrarios, a través de la fundación Ingenio, quieren presentar el proyecto Anillo Protector Ambiental del Mar Menor con el objetivo de frenar la descarga de aguas superficiales y subterráneas a la laguna.
Esta alternativa contaría con una red de plantas de tratamiento, salmueroductos junto con sistemas de drenaje y desagües naturales en toda la cuenca vertiente del Mar Menor. Una serie de infraestructuras que irían en contra del planteamiento del Ministerio para la Transición Ecológica de fomentar soluciones basadas en la naturaleza para recuperar la laguna. Pero según la presidenta de la fundación, Natalia Corbalán, las soluciones ´grises´ y ´verdes´ son compatibles y «la infraestructura es capital para arreglar el problema de la laguna».
Se busca con este ´anillo protector´ la retención de las aguas llegadas por escorrentías o subterráneas desde el acuífero hasta la laguna mediante sistemas de reutilización de aguas e infraestructuras hídricas. Corbalán asegura que las empresas agrarias del campo de Cartagena están dispuestas a asumir parte del coste de todas estas obras y que el epígrafe ´verde´ de este plan se encuentra en el fomento de la «agricultura sostenible de precisión» que llevan a cabo los agricultores de la cuenca, logrando ya un «98% de riego por goteo localizado e implementando tecnología de captación de nitratos, percolación y monitoreo de las parcelas, así como la conexión de las plantas a internet».
