El Gobierno regional puso ayer en marcha el canal para que los ciudadanos puedan alertar de forma anónima sobre posibles caso de ocupación ilegal de viviendas en su edificio, barrio o municipio, y activar así, de forma inmediata, el protocolo de actuación frente a este tipo de actos ilícitos.

Según el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, el canal de denuncias('alertaokupa@carm.es') sitúa a Murcia como «la primera comunidad autónoma en contar con una regulación específica para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas». La herramienta garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante de un presunto caso de usurpación ilegal de inmuebles para evitar que el ciudadano pueda ser objeto de represalias y amenazas y garantizar así su seguridad.

¿Cómo funciona?

Los ciudadanos que se dirijan a este canal deberán proporcionar una serie de datos que permitan identificar la vivienda y su localización, como por ejemplo la dirección del inmueble (número y piso, entre otros) y el municipio en el que se ubica la propiedad. A continuación, la Comunidad enviará al denunciante un acuse de recibo del aviso, indicándole que se procede a estudiar la denuncia y que se pondrán en contacto con el afectado a la mayor brevedad posible. Asimismo, se le remitirá documentación para facilitar la detección temprana de casos de ocupación y recomendaciones y «buenas prácticas» para evitar ser objeto de esta práctica ilegal.

A partir de ese momento, el Gobierno regional pondrá en conocimiento de las fuerzas de seguridad el caso para que lo evalúen y den una respuesta en un breve plazo de tiempo para confirmar si es una ocupación ilegal. En tal caso, se intentará localizar al propietario de la vivienda para proporcionarle asesoramiento jurídico e intentar agilizar la recuperación del hogar.

El equipo técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la ocupación de la Región de Murcia evaluará si los 'okupas' están afectados por una situación de vulnerabilidad y de forma inmediata se les pondrá en contacto con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado para que accedan a las subvenciones de alquiler social, que ascienden a 3,1 millones aportados por la Comunidad Autónoma y gestionados por estas entidades.

Más de mil viviendas ocupadas

El consejero Díez de Revenga explicó que «la Comunidad mantiene una política de tolerancia cero frente a todo aquel que practique o promueva la ocupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila a todos los vecinos».

«No se pueden permitir este tipo de conductas ilegales que, además de incumplir la ley, crean focos de delincuencia y degradan las ciudades», señaló el consejero, quien indicó que en la Región hay 1.078 viviendas ocupadas. Este problema se ha incrementado un 20 por ciento en el primer semestre de este año, con 176 ocupaciones, frente a las 147 que se registraron en el mismo período de 2019.

Esta puesta en marcha forma parte del paquete de medidas del decreto ley aprobado a mediados del pasado mes de octubre para combatir la ocupación ilegal y que incluye sanciones de hasta 90.000 euros, servicios de mediación hipotecaria para evitar desahucios, y medidas para que las empresas de suministros sólo puedan dar de alta a los legítimos propietarios de las viviendas y que estén obligadas a avisar en caso de sospechas.