La Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el acuerdo adoptado por la Conferencia Sectorial de Educación del pasado abril que permitía pasar de curso con suspensos, y ha solicitado al ministerio que dirige Isabel Celaá el expediente administrativo vinculado a dicha decisión. El ministerio fiscal ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia de un particular contra la ministra de Educación, donde se ponía de manifiesto que dicha decisión podría haber constituido un presunto delito de prevaricación.
Se trata del expediente sobre el acuerdo para la orden del 22 de abril por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la covid-19.
La orden fue suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León y País Vasco. Por otra parte, los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y Bildu acordaron ayer que en la reforma educativa, la Lomloe o ley Celaá, que se tramita en el Congreso, se fije la «excepcionalidad» de repetir curso y se permita pasar al siguiente a pesar de contar con más de dos asignaturas suspensas.
