La Ley Antiokupas, que este miércoles fue convalidada en la Asamblea Regional, será tramitada como proyecto de legislativo para que los grupos puedan enmendar el decreto del Ejecutivo. Los partidos de la oposición e incluso Cs, el socio de gobierno del PP, consideran necesario modificar el texto legal, que no ha contentado a nadie, aunque consiguió la aprobación del pleno gracias al voto del diputado de Vox Pascual Salvador. El PSOE ya había advertido de que uno de sus preceptos, que impide la concesión de viviendas públicas a los condenados por ocupación ilegal en un plazo de diez años, puede ser insconstitucional, tal y como informó La Opinión. También el portavoz parlamentario Vox, Juan José Liarte, que forma parte del grupo disidente, rechazó el artículo que veta el acceso a las viviendas de la Comunidad a los okupas acusados de allanamiento o usurpación en diez años.

Liarte, que ejerce como portavoz del Grupo de Vox y lidera a los diputados que no están en el partido, destacó que el polémico artículo no solo veta el acceso a los condenados por okupas, sino también a «los sancionados», lo que supone «una pena accesoria» incluso para quien haya tenido incluso una multa de tráfico», por lo que cree que «habrá que quitarlo».

Este grupo, que se abstuvo, condicionó su apoyo a la ley al compromiso de agilizar el desalojo de las viviendas y a la creación de un registro que dé garantías al propietario.

El texto convalidado exige a los beneficiarios de las viviendas de la Comunidad «no haber sido condenado mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionado mediante resolución administrativa firme en los últimos diez años». También establece multas de 15.000 y los 90.000 euros para los okupas de viviendas públicas.

Cs anunció su intención de introducir medidas concretas para evitar la sobreocupación y la garantía de la recuperación de la vivienda en un plazo inferior a 24 horas.

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, reiteró que las ocupaciones se deben a mafias que se desplazan de una comunidad a otra. Aludió también al acoso al que se ven sometidos los vecinos de los okupas y dijo que han aumentado un 20% hasta junio.

PSOE y Podemos criticaron por «la dejadez» del Ejecutivo en la gestión de las viviendas públicas y en la escasez que existe en la Región. Ambos grupos votaron en contra del decreto.