Murcia es con 1.210 casos por cada 100.00 habitantes la tercera región española con mayor incidencia del daño cerebral, solo superada por Galicia, con 1.310, y Asturias, con 1.250.

Alrededor de medio millón de personas con daño cerebral adquirido en España han denunciado este lunes la escasez y falta de especialización de los recursos destinados a su atención, así como las enormes diferencias territoriales, pues solo la Comunidad Valenciana dispone de una estrategia para ello.

Así lo expone el informe "Desigualdades territoriales en la atención al daño cerebral en España" presentado por la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral que se celebra este lunes, 26 de octubre.

Durante la presentación, el presidente de la Federación, Luciano Fernández, ha leído un manifiesto para plasmar las principales reivindicaciones del colectivo: la creación de una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral y de la categoría diagnóstica "daño cerebral", la elaboración de un censo de personas afectadas y que se incluya a la familia como parte beneficiaria.

Y es que la situación de este colectivo se ha agravado especialmente con la pandemia de coronavirus, que ha provocado un retroceso en su avance por la interrupción de sus tratamientos, ha lamentado la directora de Fedace, Mar Barbero.

De acuerdo a los datos que ha ofrecido, correspondientes a 2014, alrededor de 420.000 personas en España tienen daño cerebral adquirido, la inmensa mayoría, un 78 %, causado por accidentes cerebrovasculares, mientras que el resto atiende a otras causas como traumatismos craneoencefálicos, anoxias (falta casi total de oxígeno en un tejido) o tumores cerebrales.

Algo más de la mitad (52,7 %) son hombres.

En términos absolutos, es Andalucía la comunidad con más afectados (81.255), seguida de la Valenciana (56.484); Cataluña (55.058) y Madrid (40.161.

De ellas, solo 120.000, el 28 %, han sido valoradas por los servicios públicos de reconocimiento de discapacidad; en este caso, el 59,4 % varones y el 40,6 % mujeres.

Las divergencias territoriales se notan además en la asistencia que reciben según la fase de atención; así, en la aguda, destaca que la Estrategia en Ictus supuso un impulso importante para la prevención y atención, que se ha plasmado en el plan valenciano 2019-2023, que incorpora el código ictus pediátrico, o el de Aragón, que incide en la prevención en el ámbito de la atención primaria.

También la aplicación del Sistema TeleIctus, un sistema presente en Andalucía, Aragón, Extremadura, Cataluña, Madrid, Galicia, Ceuta y Melilla.

Si se atiende a la fase subaguda, el informe corrobora la escasez de recursos: existen en torno a tres mil plazas para la atención y solo el 19 % son públicas.

De las 26 unidades hospitalarias de rehabilitación -que cuentan con al menos 1.002 plazas-, solo 10 son públicas y se reparten entre la Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Castilla La-Mancha, Madrid y Navarra (12 plazas).

Además, solo cuatro de las 19 unidades de rehabilitación en hospitales de día son públicas y están en Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, cifra que se reduce a dos en el caso de las unidades ambulatorias de neurorehabilitación, una en Madrid y otra en Galicia.

Para la fase crónica, en la que estas personas requieren de apoyos de carácter más social que sanitario, en España habría 29 centros de día especializados, 17 de los cuales son gestionados por entidades asociativas de daño cerebral.