La Comisión de Transición Ecológica del Senado votó en contra de la propuesta de dar financiación a las actuaciones de sellado, restauración y actuación frente a los lixiviados del macrovertedero situado a caballo entre la pedanía oriolana de La Murada y Abanilla. Las obras de restauración y sellado del vertedero las está llevando a cabo, conjuntamente, la Generalitat Valenciana, que se ocupa de la parte que pertenece a Orihuela, y el Gobierno regional, que tiene un 72% de la instalación en su territorio. El gobierno central se comprometió también a cofinanciar estos trabajos, pero con ese revés del Senado el dinero estatal sigue sin llegar.

El portavoz de Compromís en esta Comisión, Carles Mulet, ha criticado duramente la decisión del Gobierno de no financiar los trabajos en el vertedero de Proambiente, que perteneció a la familia del polémico empresario oriolano Ángel Fenoll. Mulet recuerda que, al igual que en otros casos de contaminación que afectan a más de una comunidad autónoma, como, por ejemplo, el caso del lindano en Aragón, se propone que el Estado, a través de los Presupuestos Generales del Estado, contribuya al pago de los costes de mantenimiento postclausura de esas actuaciones de vertidos ilegales realizadas en su momento por Proambiente en la zona de Abanilla y Orihuela, colaborando de este modo en las actuaciones que están llevando a cabo desde los gobiernos autonómicos valenciano y murciano.

Mulet señaló que «se trata de un caso de colaboración clara entre varias administraciones, en la que, como parte del proyecto de mantenimiento postclausura, de acuerdo con las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, podrían construirse una o varias instalaciones solares fotovoltaicas, que incluso podrían hibridarse con la actual obtención de energía eléctrica procedente de la desgasificación de las diferentes fases del vertedero, con el objetivo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a través de este suelo actualmente ya degradado, así como recuperar la inversión realizada por las administraciones públicas durante los treinta años de mantenimiento postclausura: obteniendo energía solar más energía para biogás».

De este modo, incluso podría realizarse una más económica y adecuada gestión de los lixiviados procedentes del vertedero durante los treinta años de mantenimiento postclausura. Esas instalaciones estarían financiadas por la Unión Europea, previa justificación de que se han terminado los trabajos de sellado y restauración, algo que aún no ha sucedido.

Procesos judiciales

Tanto la Generalitat como el Gobierno regional están personados en varios procesos judiciales en contra de esta mercantil infractora. La Generalitat ha realizado ya en varias fases una inversión de 2,5 millones para el sellado de la parte menor de esta antigua instalación, en su parte alicantina, siendo la parte mayor la que se encuentran en la Región. Solo quedaría, por parte de la Generalitat, la revegetación. Sin embargo, los trabajos en la parte murciana están sin concluir. Los vasos 1, 2 y 3 están sin terminar y hay algunas roturas, además de la acumulación de lixiviados en una de las balsas, que está muy llena a pesar de que el gobierno murciano ha sacado varias cubas en los últimos meses. Los ecologistas critican que el Ejecutivo regional solo ha hecho este año un 1% de lo presupuestado para el sellado del vertedero. De hecho, la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región está investigando por presunto delito medioambiental a la Consejería de Medio Ambiente por su presunta inacción en los trabajos de restauración y sellado del vertedero, como adelantó este diario. La Comunidad presupuestó un gasto de 10,5 millones en el total de los trabajos necesarios, pero de esa cantidad solo se ha ejecutado una parte. Este año tenía previsto gastar 1,4 millones.

Compromís recuerda que en junio de 2018 en el Senado rechazó una partida de 5 millones de euros para regenerar el vertedero. «Estuvimos negociando con senadores del PP una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, pero luego se abstuvo en masa en su aprobación» lamentó, y «fue Compromís -ni PP, ni PSOE- quien presentó estas enmiendas a las cuentas del 2018 exigiendo ya una partida presupuestaria para el cierre, sellado y restauración de este vertedero. «Si en 2018 el voto mayoritario del Partido Popular hubiera sido otro, seguramente estaríamos hablando ya de realidades», señala Mulet, quien adelantó que exigirán esa partida en el debate de Presupuestos Generales del Estado.