La ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área del medio ambiente aprobada en agosto por la Asamblea regional tuvo en frente a partidos como PSOE y Podemos, el cual el primero llegó a recurrir al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Protección Ambiental que el Ejecutivo regional incluyó en el decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente'. Las negociaciones por sacar adelante esta norma de forma consensuada entre partidos, pasando de decreto ley a proyecto de ley y luego ley tras ser aprobada en la Asamblea, no tuvo ni mucho menos la misma implicación política de todas las formaciones como si la tuvo la aprobación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor.
La razón no es otra que, en palabras de la formación socialista, con esta reforma de la ley de protección ambiental «lo único que hace el Gobierno es poner en riesgo la protección del medio ambiente y la salud de las personas». Para Ecologistas en Acción se trata de «una estrategia del Gobierno regional consistente en aprovechar la excusa de la Covid-19 para desmantelar los pocos vestigios que quedaban de política ambiental».
«Todos los grupos políticos hemos tenido presiones de distintos sectores de la economía murciana para que el decreto saliera o no saliera», llegó a señalar Juan José Liarte, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea regional, reconociendo que en mayo, cuando se aprobó la tramitación de este decreto como proyecto de ley, recibió una llamada de «una persona de una institución importante de esta Región» que llegó a presionarle «excesivamente» para que votara a favor de la admisión de este decreto.
La patronal CROEM, en palabras de su presidente José María Albarracín, también se pronunció agradeciendo la modificación de la ley de Protección Ambiental y dijo que reactivaría «la economía y dotará de más seguridad jurídica a las empresas para crear riqueza y empleo».
