La crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha colocado uno de los focos de interés en la gestión de las residencias de mayores, donde se han producido hasta el momento cerca de 70 fallecimientos en la Región por esta causa. Para abordar este debate, La Opinión y el Colegio de Enfermería de la Región reunieron este jueves a expertos especializados que, entre otras cuestiones, analizaron el papel de la enfermería en estos centros, la falta de profesionales, los protocolos aplicados, las restricciones de las visitas de familiares o los objetivos que han surgido en este contexto epidemiológico para afrontar el futuro con garantías. La periodista especializada en salud, Ana García, fue la encargada de moderar este encuentro digital que contó con la presencia de Carmelo Gómez, presidente de la Asociación de Residencias Sin Ánimo de Lucro (Arsalu) y de la Sociedad de Enfermería Geriátrica y Gerontológica de la Región de Murcia; Juan Ignacio Vela, presidente de la Fundación Lares; Guadalupe Fontán, enfermera del Instituto Español de Investigación del Consejo General de Enfermería de España; Vital José Garaulet, vicepresidente de la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (Adermur) y José López Mellado, director general de Personas Mayores del Instituto Murciano de Acción Social.

Juan Ignacio Vela aseguró que la pandemia se ha vivido «con el sufrimiento que supone acompañar en la muerte a cerca de medio centenar de personas». Vela destacó también las dificultades que ha padecido el personal sanitario y afirmó que vio a las administraciones «desbordadas» en muchas ocasiones, «como todos», pero que también ha visto la colaboración solidaria entre éstas y entidades u organizaciones sociales.

Por su parte, Guadalupe Fontán aportó algunos datos «preocupantes» que se evidenciaron en un estudio de opinión profesional realizado el pasado mes de diciembre por el Consejo General de Enfermería. Informó que la media de enfermeras en estos centros (con entre 50 y 100 residentes) es de 5,6, y que a pesar de que el 56 por ciento de los pacientes tienen un grado severo de dependencia, el 23 por ciento de los centros no dispone de herramientas informáticas para poder hacer los registros y la planificación de los cuidados, «con el riesgo que esto supone». Además, el 57 por ciento de los profesionales no tiene cinco años de antigüedad, «existe mucha rotación, puede que debido a la sobrecarga asistencial; una enfermera pueda llevar hasta 100 residentes en el ámbito privado, y el 93 por ciento de ellos refieren que tienen que delegar determinadas acciones por falta de plantilla y exceso de trabajo». Además, señaló que en el 25 ó 40 por ciento de las ocasiones no se sustituye las ausencias de los profesionales, «algo que ya venía ocurriendo antes de la pandemia». Otro aspecto que destacó la enfermera del Consejo General de Enfermería fue la formación:«El 91 por ciento de los centros no piden una formación específica relacionada con el cuidado del anciano y teniendo una especialidad de atención especializada geriátrica resulta llamativo». Ante la llegada de la segunda ola, en julio, el estudio constató que un 12 por ciento de los centros todavía no había diseñado un plan de respuesta ante situaciones como la provocada por el coronavirus.

Vital Garaulet destacó que con la primera ola, se inició un debate sobre las residencias «muy politizado, en el que se nos culpó a las residencias, sobre todo privadas, de todo lo que pasaba; hasta del colapso de las funerarias», lamentó el vicepresidente de Adermur que pese a todo entiende que con el tiempo, y con un acceso a la información y los datos cada vez mayor, está cambiando esta percepción de la opinión pública.

Recordó que el Ministerio de Sanidad publicó la primera guía de actuaciones en residencias el 21 de marzo, «cuando ya se habían producido casi todos los contagios». Otro punto que quiso dejar claro es que el índice de mortalidad en las residencias está vinculado al perfil del usuario. Además, recalcó que el tipo de atención que se ofrece en las residencias, «es muy estrecha, a la mayoría se les baña, se les ducha, y eso influyó mucho en la primer ola». Garaulet destacó un dato que consideró positivo y es que «Murcia es la comunidad con el menor índice de fallecidos en residencias», que se debe en otras cuestiones, «al cuello de una semana que tuvimos para prepararnos en la primera ola».

El director general del IMAS, José López Mellado destacó el buen trabajo del Gobierno regional y de las residencias, y agradeció el trabajo de todas las categorías profesionales en los espacios sociosanitarios». Incidió en el uso de la plataforma ICC por parte de los profesionales y que supera las complejidades de otros sistemas como el OMI o el SELENE, para poder realizar trasvases de información inmediatos y que fue vital para la evolución epidemiológica, los planes de contingencia o el seguimiento diario.

El director general aseguró que el nuevo modelo de atención residencial está sobre la mesa «como prioridad»; si no lo hemos abordado es porque la situación nos ha impedido hacerlo». En cuanto al refuerzo de las plantillas, Mellado señaló que «en las reuniones con las décanas de Enfermería de la UCAM y la UMU, han trabajado para que los egresados puedan hacer las prácticas; además se ha inyectado 1,2 millones de euros para las nuevas contrataciones en los centros propios del IMAS».

Carmelo Gómez criticó que las reivindicaciones que se han realizado desde su colectivo en las diversas legislaturas de la Región cayeron en saco roto, «nos han hecho caso entre cero hasta menos diez». Pidió que se recuerde que la atención en residencias va más allá de la covid y que la situación ya era complicada antes de la pandemia. «Las instituciones no creen en las residencias y eso es un problema», aseguró el presidente de Arsalu y de la Sociedad de Enfermería Geriátrica y Gerontológica de la Región, que reclamó que se establezca un diálogo constante entre las entidades científicas y asociaciones con la administración pública para «coger las riendas».

Coordinación

Para Guadalupe Fontán, una de las cosas que han fallado en esta crisis sanitaria ha sido la coordinación asistencial entre los distintos niveles, «que no haya sistemas de información integrados, que no compartamos toda la información de los pacientes entre todos los agentes que intervienen en el proceso es grave». Para Fontán es necesario establecer un sistema único de información que esté enfocado a los procesos de los pacientes, y que permita realizar la trazabilidad «allá donde esté».

Por su parte, Juan Ignacio Vela, no cree que la residencia sea el problema, «se quiere establecer un relato interesado donde se culpabiliza a las residencias; es verdad que somos el eslabón más débil de la cadena, no sólo por lo que somos sino por el abandono histórico de los servicios sociales pero aclara que nadie puede pedir a las residencias que se conviertan en hospitales». En cuanto a la Atención Primaria recordó que Lares está defendiendo desde antes de la pandemia que la salud es un derecho de los ciudadanos, «que debe ser gratuito, universal, con accesibilidad plena y no puede ser que esa responsabilidad recaiga en otros porque el usuario cambie su vivienda, eso es privatizar el sistema, sanidad low cost».

Carmelo Gómez recordó que la normativa que les regula data de 2005 y aclara que su atención es exclusivamente social.

Coordinación y conocimiento de las residencias, principales recados para la administración

Entre las conclusiones obtenidas, el presidente de Arsalu, Carmelo Gómez, pidió que los responsables politicos «no sean demagogos ni hipócritas», en referencia al desconocimiento que algunos tienen sobre qué es un residencia y cuál es su papel en la sociedad. Además, exigió una apuesta por la enfermería geriátrica, «que no se dejen llevar por cantos de sirenas que hablan de cursos exprés para crear un técnico adaptado a residencias; no es ésa la solución». Sobre el aspecto económico, ahondó: «hay unos sobrecostes en las residencias tremendos, que se han presentado en las consejerías». Guadalupe Fontán pidió que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales de las residencias y que se escuche a los colectivos profesionales.

Ignacio Vela insitió en la importancia de que existe una interlocución real, «que no la habido hasta ahora», que se dignifique al sector y escuchar a las personas mayores. Sobre el plan de choque de 600 millones de euros en tres años lo consideró «ridículo» cundo se ha calculado que se necesitan 1.000 millones anuales para sostener el sistema. Vital Garaulet insistió en mejorar la coordinación con Sanidad, y en cuanto la nuevo modelo de residencias que se escuche al sector, «ante la duda, que se piense en el bienestar del usuario, el verdadero protagonista». El debate finalizó con el agradecimiento de Carmelo Gómez, secundado por el resto, a todos los profesionales de las residencias por su labor.