El PP lleva a la Asamblea Regional el debate que se produjo en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la liberación de los remanentes de los ayuntamientos antes de que el Gobierno anunciara la suspensión de la regla de gasto que impedía a los alcaldes disponer de los ahorros municipales. El Grupo Popular ha presentado una moción en la que propone crear «fondos incondicionados para que los consistorios puedan hacer frente a las dificultades ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus», uno de 5.000 millones y otro de 1.000 «destinado específicamente al transporte público».

Como se trata de una decisión que corresponde al Gobierno central, en la propuesta popular se insta al Ejecutivo regional a que traslade la iniciativa a La Moncloa. En su iniciativa parlamentaria el portavoz popular, Joaquín Segado, y la diputada Isabel María Sánchez recuerdan que «la crisis sanitaria y socioeconómica provocada por la pandemia del coronavirus ha hecho que los ayuntamientos y diputaciones tengan que aumentar la atención y servicios a los vecinos, además de arbitrar líneas de ayudas al pequeño comercio, la hostelería y también a los autónomos y las pymes».

La pandemia también ha disparado el gasto municipal en limpieza y desinfección de los colegios, obligando a multiplicar la factura que deben asumir los consistorios, a pesar de que la enseñanza es una competencia de las comunidades autónomas. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto pactado por el Ministerio de Hacienda con la Federación de Municipios, en el que se contemplaba la cesión al Estado de los ahorros municipales a cambio de un fondo de 5.000 millones para los consistorios con superávit, el Gobierno ha anunciado la suspensión de la regla de gasto que impedía a las administraciones públicas disponer de sus remanentes y ha abierto una nueva negociación con la Federación.

El Grupo Popular critica las pretensiones del Ejecutivo que se vieron frustradas en el Parlamento y defiende que «el Gobierno de España no puede quedarse solo en liberar los ahorros de los ayuntamientos». Su petición es que el Ejecutivo atienda «las reivindicaciones de los alcaldes de diferentes formaciones políticas que reclaman al Ministerio de Hacienda que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos y diputaciones con fondos incondicionados que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria».

La iniciativa de reclamar los 5.000 millones para los ayuntamientos aunque no tuvieran remanentes partió de 31 alcaldes que el pasado mes de septiembre se plantaron frente al decreto del Gobierno que planteaba la entrega de los remanentes y pidieron un reparto proporcional a la población entre todos los consistorios, tuvieran o no superávit.