La Región de Murcia ha llevado ante los tribunales el trasvase cero del pasado mes de septiembre, como había anunciado la pasada semana, y ha denunciado las "gravísimas consecuencias" que tendrá la ampliación de los caudales mínimos en la cabecera del Tajo, por la que se dejarán de recibir al menos 78 hectómetros cúbicos anuales.

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, ha señalado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha dado luz verde de forma definitiva al recurso contencioso-administrativo anunciado la pasada semana contra la decisión de no trasvasar los 20 hectómetros cúbicos que la comisión técnica de explotación había propuesto para septiembre.

Además de ese "nuevo maltrato", la portavoz ha mostrado su preocupación por la propuesta de aumentar los caudales mínimos en la cabecera del Tajo porque esa medida, ha dicho, pondrá en peligro el abastecimiento de agua para 2,5 millones de personas y el empleo de otras 350.000.

En su opinión, la propuesta no es más que un "ecologismo de trampantojo" y un "fraude medioambiental", ya que la verdadera solución para el medio ambiente no pasa por el vaciado masivo de los embalses de Entrepeñas y Buendía, sino por "invertir en depuración y saneamiento".

Vidal ha insistido en la defensa del Gobierno murciano del sector agrícola y ha pedido la "unión de todos" para reivindicar "el derecho a recibir agua" y no condenar a la región "a la ruina social y económica" y al "avance del desierto".