Cuando aún esté caliente el banquillo de la sala de la Audiencia Nacional donde se están juzgando los negocios de la CAM en el Caribe, una nueva causa de las siete abiertas por la gestión de la caja se enfrentará en breve a otro tribunal, el de la sección cuarta en ese caso, para dirimir si tres exdirectivos de la entidad y el fundador de Hansa Urbana, empresa alicantina promotora del proyecto Novo Carthago, maniobraron para maquillar las cuentas de la caja a cambio de reducir la deuda de la mercantil.
Será el sexto proceso penal por el gobierno de la entidad de ahorros que llega a juicio, el cuarto para la exdirectora general María Dolores Amorós (contando el de su despido y el sobreseimiento del de las preferentes, en el que compartía banquillo con su antecesor, Roberto López Abad) y el segundo para exdirector de Empresas Daniel Gil, que está siendo juzgado en estos días junto López Abad por los negocios hoteleros que la caja montó en México y en la República Dominicana. Gil y López Abad están a expensas de lo que ocurra en la denominada TIP Suelo, una pieza aún en instrucción en la que ambos aparecen como investigados y donde se investiga si la caja financió «pelotazos» en la compra de terrenos.
Una condena previa
La exdirectora general se enfrenta al juicio por las relaciones con Hansa con una condena a sus espaldas, el año y medio de prisión que confirmó el Supremo por el falseo de las cuentas de la caja. Amorós fue la única condenada junto a exdirectivo Teófilo Sogorb en un caso en el que también estaban acusados el expresidente Modesto Crespo y el exdirector general López Abad, entre otros.
Junto a Amorós y a Gil está acusado el exdirector del holding inmobiliario de la entidad (TIP) Vicente Sánchez y el promotor, Rafael Galea. El juicio se acaba de señalar para el próximo diciembre.
Los cuatro acusados se enfrentan a una petición de penas de prisión. Amorós, Gil y Sánchez a cuatro años por un delito de administración desleal en concepto de autores,con lo que la exdirectora general se vería en una situación complicada en caso de condena. Para Galea se piden dos por el mismo cargo, pero como cooperador necesario.
La acusación pública considera probada la existencia de varias operaciones societarias destinadas a que la CAM pudiera engordar artificialmente sus beneficios en unos 40 millones cuando tenía que presentar las cuentas antes de la fallida fusión con Cajastur.
La fiscal concreta que una de las operaciones consistió en la venta a Hansa por parte de TIP de terrenos que tenía en Cabo Cortés, en el estado mexicano de Baja California. Simultánemente se acordó un pacto de recompra y se aceptó una tasación que fijaba el valor del suelo en 443 millones, «a pesar de que no se habían obtenido las licencias preceptivas y, por lo tanto, no se podía iniciar el proyecto inmobiliario previsto, lo cual impedía valorar como válida la tasación». El permiso nunca que obtuvo.
Sin alertar de los riesgos
Pese a ello, «debido a esa valoración, se pudo aflorar por parte de la CAM en el ejercicio de 2010 un resultado positivo de 40 millones que los auditores, una vez analizadas las cuentas, no admitieron», afirma la fiscal. Y añade que la operación «fue presentada y defendida en el consejo de administración» por Amorós, «encontrándose como invitado Daniel Gil» sin que se expusiera la especial situación de la tasación utilizada.
Precisión que también hace en el caso del exdirector general de TIP, que «no explicó y omitió de forma deliberada y consciente que dicha tasación estaba condicionada a la obtención de unas licencias».
Como contraprestación, la caja aceptó la reestructuración de la deuda de la promotora que pasaba por el canje de parte de lo adeudado precisamente por los terrenos de Cabo Cortés.
El perito del Banco de España que analizó la operación advirtió de irregularidades y concluyó que se «sobrevaloraron» los terrenos. Un sobreprecio «que benefició claramente a Hansa y ocasionó un perjuicio a la CAM de 37.737.178 millones que luego trasladó al Fondo de Garantía de Depósitos», según la fiscal anticorrupción.
