El pleno de la Asamblea Regional ha tomado en consideración por unanimidad el proyecto de ley de Servicios Sociales presentado este miércoles por la vicepresidenta del Ejecutivo regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco.
El texto legislativo que sustituirá a la ley vigente desde 2003 arrancaba así su tramitación en el Parlamento autonómico.
La nueva ley pretende promover y garantizar el derecho de acceso en igualdad a un sistema de servicios sociales universal y reconocer el derecho subjetivo a esas prestaciones públicas garantizadas, según la norma.
"Configura los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado del bienestar junto a la salud, la educación y las pensiones" y "supondrá un antes y un después para los ciudadanos", especialmente para los que están en riesgo de exclusión, ha dicho Franco.
Entre sus prestaciones se incluyen, entre otras, la renta básica de inserción, ayudas a la atención de necesidades personales esenciales en situaciones de urgencia y emergencia social y prestaciones para mujeres víctimas de violencia machista sin recursos económicos.
También intervención familiar para la protección de menores en riesgo o desamparo, atención temprana para niños de hasta 6 años con discapacidad o con riesgo de padecerla, atención a la dependencia y teleasistencia para mayores de 80 años que la soliciten.
La diputada socialista Antonia Abenza ha lamentado que "no diga nada" de los ayuntamientos de menos de 14.000 habitantes, a los que se les dice "que esperen, que esos criterios ya vendrán en un desarrollo reglamentario que hoy no existe", ha reprochado.
En la misma línea, la portavoz de Podemos, María Marín, ha criticado la tardanza de 17 años de la ley que renueva la anterior.
La diputada del PP Maruja Pelegrín ha querido reconocer el papel del sector privado en esta materia y el de Ciudadanos Francisco Álvarez ha destacado que "con la pandemia de coronavirus se hace más necesario que nunca la atención a quienes más lo necesitan".
El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha advertido: "O aislamos esta ley de esas cuestiones no constitucionales como que el sexo es determinante en el acceso a servicios o tendremos que votar que no".
Según ha informado la Consejería, la nueva ley abarcará la digitalización de los servicios sociales para favorecer la continuidad asistencial de los servicios públicos que se prestan, con la puesta en marcha de la Tarjeta Social y la Historia Social Única, que incluirá toda la información relevante y la evolución de los servicios que se prestan a los usuarios.
Isabel Franco destacó “el importante papel que juegan las corporaciones locales a la hora de acercar los servicios sociales a los ciudadanos, por lo que se garantiza la adecuada coordinación entre la Administración regional y las entidades locales mediante la creación de un Consejo de Coordinación Territorial de Servicios Sociales”.
También incluirá la figura del profesional de referencia, que se encargará de atender de forma individualizada todas las demandas sociales de prestaciones, ya sean económicas, sociales o sanitarias.
La describió como “una ley para todos, puesto que nadie está exento de poder necesitar los servicios sociales, y de todos, porque hablamos de un proyecto que ha sido redactado y consensuado por distintos agentes sociales, como profesionales, diputados, consejos asesores, Federación de Municipios de la Región y el Foro Regional para la Inmigración, entre otros”.
En este sentido, la consejera instó a todos los grupos parlamentarios “al diálogo y la puesta en común de ideas para llegar al mayor de los consensos en un momento de crisis sanitaria que hace que esta ley sea más necesaria que nunca. Una crisis que, según un reciente informe del Banco Mundial, puede generar más de 100 millones de pobres en el mundo”.
