La Fiscalía investiga al Servicio Murciano de Salud por haberse negado a facilitar la información sobre las demoras en las listas de espera que había solicitado la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública en 2016. Ante las respuestas evasivas que el SMS había ofrecido a esta asociación, que también había demandado los información sobre la situación del registro de pacientes en espera en las diferentes especialidades y sobre los criterios seguidos para su derivación a las clínicas privadas, el Consejo de la Transparencia de la Región decidió abrir un expediente sancionador al anterior director general del SMS, Francisco Agulló, que tampoco fue ejecutado desde la Consejería. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía abre la puerta a investigar la gestión de las listas de espera desde la Comunidad, que debía ajustarse a un decreto del año 2006, aunque el propio SMS admitía en mayo de 2017 que no se estaba cumpliendo.
Francisco Agulló dejó su cargo en mayo de 2017, semanas antes de que el Consejo de la Transparencia acordara abrirle un expediente. El anterior presidente del órgano encargado de velar por el cumplimiento del derecho de los ciudadanos a recibir la información sobre la actuación de la Comunidad, José Molina, ha acudido a la Fiscalía con la pretensión de evitar que prescriban las responsabilidades legales en las que pudo incurrir el SMS, según ha sabido La Opinión.
La normativa que regula el Consejo de la Transparencia establece que sus resoluciones «son decisiones de instancia que vinculan a las partes (reclamante y entidad a la que se dirige la reclamación) y resultan de obligado cumplimiento para las entidades a las que van dirigidas». Por tanto, la apertura de diligencias por ignorar sus decisiones puede dar pie a sancionar a los responsables del incumplimiento, que se verían impedidos para ocupar un cargo público durante un plazo de varios años.
Aunque el Consejo está adscrito a la Consejería de Transparencia, su presidente es elegido por la Asamblea Regional para un periodo de cinco años con el voto de la mayoría absoluta de los diputados regionales, por lo que es un órgano independiente del Ejecutivo.
El conflicto que investiga la Fiscalía se produjo cuando la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública, que presidente María Teresa Martín, solicitó información al SMS sobre «las listas de espera quirúrgicas por especialidades, de pruebas técnicas y de primeras consultas, incorporando los servicios de reumatología, alergología, unidad del dolor, rehabilitación y meumología».
También requería información sobre «los criterios que se aplican en los llamamientos a estas listas por servicios y por hospitales y los criterios para derivar a clínicas privadas».
Igualmente pedía los informes técnicos que avalan la necesidad de derivar pacientes de la sanidad pública a los hospitales privados, así como «los informes de evaluación por servicios, empresas de las pruebas e intervenciones derivadas» y el «informe sobre los planes de choque por áreas y servicios». Esta petición estaba respaldada por el decreto de 2006 que establecía la obligación de crear un registro de pacientes en lista de espera en el Servicio Murciano de Salud.
La respuesta de este organismo fue que «desde la puesta en marcha del portal del paciente se está trabajando en dar acceso securizado a cada pacientes a su información sobre fecha de inclusión, tipo de espera (sic) prioridad y posible expectativa de fecha de intervenció o consulta, pero motivos de seguridd en la información y cumpliendo de la ley de protección de datos han ralentizado el proceso». El SMS añadía que las fechas de atención probables para cada paciente se determinaban desde cada área de salud, atendiendo «no solo a la antigüedad en lista de espera», sino a «criterios clínicos» entre otros.
Su director gerente desestimó la solicitud de información relativa a los planes de choque destinados a reducir las listas de espera, porque se limitaron al periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2015. «Desde 2016 se ha venido programando la derivación de forma sistemática y programada, en función de las necesidades» y tratando de cumplir «los objetivos de la lista de espera».
En relación con la pregunta relativa a las derivaciones de pruebas diagnósticas a las clínicas privadas, el SMS remitía a la asociación solicitante a una página web en la que no estaban disponibles tales datos, lo que provocó una queja de la organización solicitante ante el Consejo de la Transparencia.
Posible prevaricación por ignorar el acuerdo de la Transparencia
Las diligencias abiertas por la Fiscalía para investigar la respuesta del Servicio Murciano de Salud a los requerimientos de información de la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública y el incumplimiento de las resoluciones dictadas por el Consejo de la Transparencia podrían apuntar hacia una posible prevaricación. Una de las razones es que la información denegada por el que fue director gerente del SMS hasta mayo de 2017, Franscico Agulló, fue facilitada por su sucesor. El 27 de junio de 2017, Asensio López, actual gerente, remitió a la Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública 130 folios y un DVD. No obstante, la entrega se produjo fuera de plazo, apenas tres días antes del Consejo de la Transparencia que aprobó el expediente disciplinario a Agulló.
