Lugar, playa de Las Delicias, en Águilas, sobre las cuatro y media de la tarde de ayer: un velero remolcaba una patera, llegaba el aviso a Emergencias. Se trate de la zona de la que se trate, los ocupantes de la barcaza han de ser trasladados a continuación al puerto de Cartagena, lugar que sigue siendo el destino de los inmigrantes que entrar de forma irregular por mar a la Región. Casi 250 extranjeros, todos argelinos, se agolpaban ayer en la zona, indicaban fuentes cercanas al caso.
Una zona en la que los agentes de la Policía Nacional siguen aguantando condiciones precarias a la hora de custodiar a unas personas que han de aguardar ahí hasta que se les hace la prueba para ver si tienen o no coronavirus. Bajo una sombrilla de publicidad de una marca de helados vigilan los efectivos, mientras, en las carpas en sí, los inmigrantes cuelgan su ropa y esperan que vayan a hacerle la PCR preceptiva.
A finales del mes de septiembre, el delegado del Gobierno, José Vélez, se reunía con representantes en la Región de sindicatos de la Policía Nacional, que hicieron un frente común para exigirle mejoras en las condiciones de los agentes, especialmente de los que han de estar a pie de puerto. Fue entonces cuando el delegado dijo que una parcela en la zona de Escombreras podría servir para acoger la instalación de un centro provisional para los inmigrantes. A día de hoy, no hay centro y los argelinos siguen quedándose en un campamento de Cruz Roja en uno de los muelles.
Estado actual del campamento en el puerto de Cartagena.
Casi 400 personas han entrado en la Región por mar de forma irregular esta semana. La Consejería de Salud confirma, de momento, solo el positivo en coronavirus de uno de estos migrantes, que ha sido ingresado en el Santa Lucía, en Cartagena, como marca el protocolo.
El departamento que dirige Manuel Villegas hace PCR inmediatas a los inmigrantes, pero no a los policías que los custodian, que han de recurrir a sus compañías aseguradoras y mutuas si quieren realizarse la prueba.
En verano, la Región vivió un goteo de pateras, en las que viajaban cientos de personas. Con el CIE de Sangonera cerrado y la imposibilidad de reportar a nadie a Argelia o Marruecos, los migrantes quedaban en libertad, pues no están acusados de delito alguno, solo de entrada irregular en España.
No obstante, pronto se estableció un protocolo que fijaba que quienes estaban contagiados con coronavirus serían ingresados en un hospital (aunque no tuviesen síntomas) y quienes hubiesen compartido embarcación con un infectado tenían que hacer cuarentena. Un aislamiento que, a falta de hogar en la Región, pasaban en el Hotel Cenajo, en el Noroeste de la provincia, y antes en el albergue de El Valle, en Murcia. Se dejó de instalar a inmigrantes en pisos debido a las protestas vecinales, especialmente en la barriada murciana de San Antón y en la localidad costera de Los Nietos.
Esta misma semana, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, anunció la petición de creación de una Comisión de Investigación en la Asamblea sobre las consecuencias de la llegada de inmigrantes a las costas de la Región, según informaron fuentes del PP en un comunicado.
Segado manifestó que «estamos ante una presión sin presentes» que ha dado lugar a «la llegada de más de 3.000 inmigrantes a nuestras costas en una situación sanitaria especialmente delicada» debido a la pandemia.
