El III Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos Laborales firmado este jueves por la Croem y los sindicatos CC OO y UGT permitirá por primera vez que los trabajadores puedan solicitar individualmente la mediación con su empresa para resolver mediante el arbitraje los problemas que se le puedan plantear. También permitirá solicitar la mediación al personal laboral y a los funcionarios de las instituciones públicas que se adhieran a este procedimiento de resolución extrajudicial, establecido por primera vez en la Región en 1996.

La Oficina de Mediación y Arbitraje, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Empleo y está ubicada físicamente en la sede del Consejo Económico y Social (CES), arrancó en 2002. Desde entonces ha intervenido en 1.760 conflictos laborales, la mitad de los cuales ha terminado con acuerdo, según indicó Santiago Navarro, secretario general de CC OO. Durante el pasado año los mediadores han intervenido en 135 conflictos, que afectaban a 12.600 empresas y 147.000 trabajadores. En 2020 han mediado ya en 84 casos.

Cuando se produce un desencuentro en una empresa o en la negociación de un convenio colectivo los trabajadores y los empresarios nombran cada uno de ellos a un mediador, que trata de alcanzar una solución pactada, aunque no siempre es posible. Según apuntó Santiago Navarro, el arbitraje permite la conciliación entre las partes en el 50% de los casos.

Por su parte, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, destacó que el balance de los casi 2.000 conflictos en las dos décadas de funcionamiento es positivo y «ha contribuido a fortalecer la negociación colectiva». Jiménez añadió que este servicio «no pretende sustituir al sistema judicial, sino que trata de colaborar con él» y dijo que ha servido «como faro guía»

El presidente de la Croem, José María Albarracín, que calificó el acuerdo renovado ayer como un paso «histórico», destacó especialmente «la posibilidad de extender el arbitraje a los conflictos individuales que puedan plantearse a los trabajadores laborales y a los funcionarios de la Administración». Albarracín no descarta que ahora los mediadores tengan que enfrentarse a nuevos conflictos provocados por los problemas que ha originado la pandemia a las empresas de la Región.