Las personas que ocupen ilegalmente viviendas sociales de titularidad de la Comunidad Autónoma se enfrentarán a multas de entre 15.000 y 90.000 euros, mientras que las mafias y organizaciones que insten e inciten a esas ocupaciones tendrán sanciones de 3.000 a 15.000 euros, según el decreto aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno. El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, presentó el proyecto, que deberá ahora ser ratificado por la Asamblea Regional, y puso de relieve el papel disuasorio que pretende tener esta norma, la primera que publica una comunidad autónoma en España en ese sentido.

De las 1.078 viviendas que hay ocupadas ilegalmente en la Región, más de un centenar son viviendas sociales de la Comunidad, las únicas a las que afectará la nueva normativa, dado que las competencias sobre viviendas de particulares o propiedad de bancos quedan fuera de las competencias del Gobierno regional, explicó. No obstante, se ha observado un incremento del 20 por ciento en las denuncias por ocupaciones ilegales de viviendas, que según datos del Ministerio de Interior, fueron 147 en el primer semestre de 2019 y 176 el mismo periodo de 2020, lo que ha llevado al Ejecutivo a tomar medidas.

La ocupación de viviendas sociales tiene además el problema añadido de que se está usurpando el derecho a la vivienda a familias vulnerables, provocando un especial daño social, advirtió el consejero.

También se refirió a los problemas de «conflictividad social» que están generando los ocupas en los barrios en los que se da ese fenómeno, así como la proliferación de mafias y organizaciones criminales que llegan ya a vender o alquilar propiedades previamente ocupadas. Anunció la creación de un canal de denuncias de forma anónima para proteger la identidad de los denunciantes, que en muchas ocasiones son amenazados por los ocupas. Añadió que será obligatorio para los ayuntamientos notificar los casos de ocupaciones detectados en sus municipios, de manera que la información se centralice en la administración autonómica, y las empresas de suministros deberán también comunicar los casos de posibles ocupaciones que detecten y asegurarse de quienes contratan servicios son los propietarios.