Los alcaldes de la Región quieren que el Gobierno central conceda a los ayuntamientos una moratoria en el Plan de Pago a Proveedores durante los años 2020 y 2021, que les liberaría de costear los créditos que firmaron para poner al día sus facturas mientras afrontan la crisis. Esta es una de las propuestas planteadas este jueves en la asamblea celebrada por la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), que preside María Dolores Muñoz, alcaldesa de Bullas.
La FMRM aprobó ayer el presupuesto de la entidad, que asciende a 770.672,71 euros. Además de disponer de unas cuentas con superávit, la Federación ha reducido su deuda a la décima parte, al bajarla de los 400.000 a los 45.000 euros, lo que le permite afrontar «proyectos europeos, líneas de formación a funcionarios y cargos políticos locales» así como «la red de municipios sostenibles».
El secretario general de la FMRM, Manuel Pato, indicó que «este presupuesto refleja la consolidación de la remontada económica tras la crisis que afectó a la federación desde el año 2010 al 2014».
En el turno de ruegos y preguntas, los alcaldes plantearon su preocupación por «el impacto económico que sus municipios están soportando para hacer frente a la limpieza y desinfección de escuelas y centros culturales», entre otras dependencias, a pesar de que no pertenecen a la administración local.
También mostraron su inquietud ante «la falta de indicaciones sanitarias en actividades complementarias que no están reguladas, como es el caso de las escuelas de danza».
Plantearon otras reivindicaciones como la moratoria en el Plan de Pago a Proveedores, con el fin de liberar a los consistorios durante los años 2020 y 2021 del coste financiero que acarrean los créditos que suscribieron durante la crisis para pagar las facturas pendientes y poner al día sus deudas con las empresas. Los alcaldes pretenden que la moratoria vaya acompañada de un aplazamiento del vencimiento, con el fin de que no se amontonen las amortizaciones y el pago de intereses pendientes después de 2021.
Entre los problemas planteados figura también la regulación de las podas establecida por la Comunidad Autónoma, que genera inseguridad jurídica a los alcaldes.
