«La reactivación del CIE de Murcia no cuenta con todas las medidas de higiene y seguridad precisas en un centro cerrado en plena segunda ola de la pandemia en la Región de Murcia», tienen claro desde la oenegé Convivir Sin Racismo, que anunciaba ayer su denuncia ante el Defensor del Pueblo de esta situación.

Según indicaron fuentes de la organización humanitaria, su conocimiento de lo que pasa en las instalaciones de Sangonera (cerradas durante el estado de alarma y reabiertas hace unos días) es por «las llamadas de familiares de diversas personas, que nos indicaban que se encontraban internadas en el CIE y trasladaban su preocupación por su integridad personal ante la falta de acceso a servicios de asistencia básica e información sobre su estado».

Por esta razón, explican, «activistas de Convivir Sin Racismo han realizado visitas a este centro», en concreto los días 3 y 7 de octubre. En el transcurso de estas visitas «nos entrevistamos con varios internos, procedentes de Argelia, y pudimos comprobar que las condiciones que motivaron el cese de la actividad de los CIE perviven, en tanto se mantienen las deficiencias en la prestación de servicios básicos», afirman desde la organización solidaria.

Desde su punto de vista, esta circunstancia «impide la garantía de los derechos fundamentales de las personas internas en circunstancias de normalidad y, especialmente, la adecuada protección de su derecho a la salud» en tiempo de pandemia.

«Según nos trasladan las personas internas, en este centro se encuentran actualmente 49 personas, lo que supera las previsiones por extrema necesidad establecidas en un auto de fecha 30 de marzo de 2020 dictado por el Juzgado encargado del control jurisdiccional del CIE de Murcia donde señala que se podrían alojar hasta 46 internos manteniendo escrupulosamente las medidas de seguridad, aun a riesgo de que 'las condiciones necesarias de seguridad sanitaria quedarían reducidas ostensiblemente'», dicen.

La oenegé sostiene que «se está trasladando la idea a la población de que un centro de internamiento sirve para acoger a los personas que son rescatadas en el mar, cuando su único fin, según establece la legislación, es la tramitación o ejecución de su expulsión o devolución y no se puede ordenar el ingreso en un centro de privación de libertad si no es segura la posibilidad de que reabran las fronteras con Argelia y Marruecos, que permanecen cerradas». «Solo a través de recursos de acogida humanitaria se puede atender las situaciones de vulnerabilidad que presentan las personas que se juegan la vida para llegar a las costas», reiteran.