La Audiencia Provincial de Murcia anunciará este miércoles si suspende o no por riesgo de contagio de coronavirus la vista oral del macrojuicio del caso Karateka de narcotráfico, como le han pedido varios de los abogados de los treinta acusados.

Así lo ha adelantado este martes el presidente del tribunal al finalizar la primera sesión del juicio, dedicada en su integridad a debatir sobre esa posible suspensión.

Los abogados han insistido en que varios de los acusados no podrán acudir, bien por estar contagiados dos de ellos y otros dos en cuarentena, o por desconocerse la situación de otros que no han comparecido hoy.

La fiscal antidroga de Murcia se ha opuesto a la suspensión al asegurar que se cumplen las normas sanitarias establecidas para luchar contra la pandemia en sede judicial.

De los acusados que no han comparecido, ha dicho que nada impide la celebración del juicio, ya que podrían ser juzgados aparte, dado que durante la instrucción se acogieron a su derecho a no declarar, por lo que nada imputaron a los demás.

Y entre una parte y otra está el tribunal, que quiere celebrar la vista oral, ya que en abril próximo se cumplen los cuatro años de prisión preventiva máxima, que afecta al principal acusado, Pedro S.G., apodado El Karateca, lo que obligaría a su excarcelación.

Lo que sí ha aceptado el tribunal es la petición de una decena de acusados para no acudir a todas las sesiones por trabajo, por lo que se les permitirá acudir solo a la jornada en la que deberán declarar y a aquellas otras en las que su presencia sea necesaria, como cuando tengan que hacer uso a su derecho a la última palabra.

En esta jornada, y a propuesta del tribunal, ha intervenido el director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Bañón, que ha calificado de bajo a moderado el peligro de contagio, para añadir que se cumple con la normativa sanitaria en cuanto al aforo del salón donde se desarrolla la vista.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía acusan por los delitos de tráfico de drogas, depósito de armas y munición, defraudación de fluido eléctrico, robo y amenazas.

Para el que es considerado el líder del grupo, Pedro S.G., solicita penas que suman 17 años y diez meses de prisión y multas que superan los 2,5 millones de euros por los tres primeros delitos.

Y añade que solo en uno de los pisos directamente controlados por él mismo, ubicado en una pedanía murciana, la Policía Nacional se incautó de 233 kilos de marihuana, valorados inicialmente en 274.000 euros, así como seis escopetas, tres rifles, dos fusiles de asalto, una pistola y más de un millar de cartuchos.

Dice la acusación estatal que los presuntos implicados en los hechos formaban parte de una férrea organización jerárquica dedicada al cultivo de marihuana en pisos alquilados en varios municipios de la Región de Murcia y a su distribución y venta.