La limpieza de los colegios se ha convertido en una sangría para los ayuntamientos a causa de la pandemia. Aunque los centros educativos son competencia de la Comunidad Autónoma, los consistorios están costeando el mantenimiento, la vigilancia y la limpieza de las escuelas públicas, entre otros servicios que forman parte de las llamadas competencias impropias, porque se trata de gastos que deberían haber sido asumidos por la Administración regional o el Estado. Con la crisis sanitaria la factura de la limpieza se ha disparado, dado que la Consejería de Educación ha recomendado a las corporaciones locales que limpien los colegios tres veces al día, según explicó el alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, que forma parte de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Educación anunció ayer una subvención de dos millones para «ayudar a sufragar los gastos extraordinarios generados por el coronavirus», que se considera insuficiente. El montante total de la factura que pagan los 45 ayuntamientos de la Región resulta difícil de precisar, aunque se sabe que Murcia tenía previsto gastar este año 5,6 millones de euros, mientras que Cartagena ha presupuestado 3,6 millones.

Esto supone que solo los dos ayuntamientos más grandes de la Región tenían previsto gastar más de nueve millones en la limpieza, aunque este gasto se ha disparado ante la necesidad de aplicar la desinfección y las medidas de seguridad establecidas por la Consejería de Salud para evitar el contagio.

Por su parte, la consejera de Educación, Esperanza Moreno, destacaba ayer que, «si bien la normativa estatal establece que la limpieza y mantenimiento de los centros de Infantil y Primaria corresponde a los ayuntamientos, el Gobierno regional ha querido prestar esta ayuda a las entidades locales para asegurar las mejores condiciones de seguridad en todos los centros de todos nuestros municipios».

El alcalde de Lorquí, que fue presidente de la Federación de Municipios de la Región antes de entrar a formar parte de la cúpula de la FEMP, cuenta que en su municipio ha tenido que contratar a dos limpiadoras para poder cumplir las normas sanitarias marcadas por la Comunidad, lo que ha supuesto un gasto adicional de 20.000 euros. «Antes las limpiadoras iban por la tarde, cuando los alumnos habían salido de clase, pero ahora tienen que estar presentes todo el día, para garantizar que se mantienen en buen estado las instalaciones y las zonas comunes», explicó. Añadió que, pese a tratarse de un servicio que debería cubrir la Consejería con los fondos que ha repartido el Gobierno central, «la presión de los padres la sufrimos los alcaldes, que somos los que damos la cara».

Joaquín Hernández destacó que los ayuntamientos no habrían podido asumir estos gastos imprevistos si no se levantara la regla de gasto que impedía hasta ahora tirar de los ahorros obtenidos en años anteriores. En la Región el superávit de los consistorios ronda entre los 110 y los 130 millones de euros, aunque tampoco es posible conocer las cifras definitivas porque muchos ayuntamientos no han aportado todavía el dato del remanente de 2019. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que la suspensión de la regla de gasto puede ser aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes.