01 de octubre de 2020
01.10.2020
La Opinión de Murcia
Agricultura

Frente común por la PAC

Comunidad y organizaciones agrarias se unen para rechazar el recorte de fondos en la Política Agraria Común, defender los cultivos tradicionales y potenciar la incorporación de mujeres y jóvenes al campo

30.09.2020 | 19:35
Un momento de la firma, ayer, del acuerdo.

El Gobierno murciano y las principales organizaciones agrarias han suscrito un acuerdo común sobre sus reivindicaciones para la Política Agraria Común (PAC), cuyo objetivo es rechazar el recorte de los fondos, defender los cultivos tradicionales, potenciar la incorporación de mujeres y jóvenes al campo y modernizar el sector, entre otras medidas.

En la firma del acuerdo han participado el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, junto con el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, además de los representantes de Fecoam, Santiago Martínez; UPA, Marcos Alarcón; ASAJA, José Martínez Quiñonero, y COAG, José Miguel Marín.

El acuerdo consta de un total de 26 puntos que han supuesto intensos meses de trabajo, ha destacado Santiago Martínez, y que no ha sido fácil alcanzar, dado que incluye muy diversas medidas que benefician a las diferentes zonas y tipos de cultivo regionales para que no se produzcan nuevas discriminaciones en el reparto de los fondos.

En ese sentido, Alarcón ha puesto de relieve que, además de las negociaciones de los estados con Bruselas, la reforma de la PAC para el periodo 2021-2027 establece la posibilidad de hacer políticas de reparto de los fondos dentro de los propios países. Es en ese terreno, ha añadido el dirigente de UPA, en el que la Región de Murcia tendrá que dar la batalla para corregir las actuales desigualdades que se contemplan en el reparto de los fondos y reforzar el carácter estratégico de la agricultura en la comunidad.

Clave en ese reparto, ha indicado Marín, será la desaparición de los denominados derechos históricos, lo que abre un amplio abanico de expectativas para los productores y agricultores profesionales, a quienes deben dirigirse las ayudas, según este acuerdo.

José Martínez Quiñonero ha destacado también que las ayudas deben abarcar las diferentes realidades agrícolas de la comunidad autónoma, desde los regadíos orientados a la exportación hasta los cultivos tradicionales de secano, exigiendo además que la UE dé prioridad a los productos propios sobre los de países terceros, diferenciando la calidad entre ambos.

Por su parte, López Miras ha insistido en que la comunidad se suma a este acuerdo para defender, como establece su primer punto, que no se lleven a cabo recortes en una ayudas que suponen «el futuro del campo», un sector que representa más del 15% del PIB regional, por lo que es «irresponsable y temerario» cuestionar estas ayudas.

Por eso, ha mostrado su preocupación por el recorte del 10 por ciento en el presupuesto de la PAC, que supondría una minoración de 140 millones de euros, lo que supone una «amenaza inasumible» para el campo.

Además de rechazar esos recortes, entre los puntos del acuerdo se incluye la necesidad de que los fondos de la PAC faciliten el acceso de los jóvenes y las mujeres al sector agrario y que se avance en la profesionalización del sector. También se aboga por el fomento de la innovación y la formación para dar estabilidad al sector, por la digitalización y conectividad en el medio rural, y por el impulso del cooperativismo como un sistema para optimizar los gastos y mejorar las posibilidades de comercialización.

En cuanto al agua, se exige una redistribución equitativa de los recursos hídricos a nivel nacional y armonizar los precios de esa materia. Los firmantes reivindican también fondos adicionales para garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente ligadas a la agricultura, que evita la desertización en el sur de Europa, y ayudas para apoyar la agricultura ecológica.

El documento hace también hincapié en aumentar los controles en las fronteras exteriores para garantizar que se trabaja en igualdad de condiciones con países que no forman parte de la UE, exigiendo a estos los mismos requisitos de calidad y seguridad alimentaria que a los estados miembros.

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