El ex consejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá se acoge al derecho que le confiere su imputación en el caso de la desaladora de Escombreras para no declarar en la pieza separada abierta contra el expresidente del Ejecutivo regional Ramón Luis Valcárcel. Antonio Cerdá ha comunicado al juzgado que investiga la participación de Valcárcel en la gestación de los contratos de la planta de Escombreras, firmados en 2006 con las empresas del grupo ACS, que no prestará declaración en la misma, en la que está citado como testigo.
A través de un escrito presentado por su letrado, Cerdá adelanta que se acogerá a su derecho a no declarar dado que figura como investigado en la causa principal que sobre el mismo tema se tramita en otro juzgado de instrucción de Murcia desde 2016, que sentará en el banquillo casi una treintena de ex altos cargos del Ejecutivo, directivos de ACS y socios murcianos de la empresa propietaria de la planta. El exconsejero añade que el hecho de estar investigado hace que disponga de «un especial estatuto», al que se acoge para ejercer su derecho a no declarar, en condición de testigo, en esa pieza separada, en la que estaba citado para este martes.
A instancias de la Fiscalía, el juzgado había citado como testigos a una serie de personas, entre ellas, la ex consejera de Hacienda Inmaculada García y la ex directora general de Presupuestos Isabel Martínez, que no pudieron comparecer por distintos motivos y que lo harán la semana próxima.
Tampoco declaró el ex gerente del Ente Público del Agua Amalio Garrido, al alegar su defensa que no había tenido tiempo suficiente para instruirse de la causa.
En esta pieza separada se investiga si Valcárcel pudo incurrir en los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones por su gestión en torno a la promoción y construcción de la planta desalinizadora.
Valcárcel declaró como investigado el pasado mes de junio. El expresidente de la Comunidad y exvicepresidente del Parlamento Europeo manifestó al salir de los juzgados que había acudido para «dar cumplida y completa respuesta a todo lo que se me preguntara y eso es lo que he hecho».
En su declaración, Valcárcel admitió que impulsó la construcción de la planta para atender las necesidades de agua de la Región, pero negó haber intervenido en la tramitación. Recordó que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo habían pasado previamente, por la comisión de secretarios generales por lo que las conocían el interventor general de la Comunidad Autónoma y el responsable de los Servicios Jurídicos.
La Administración regional ha reclamado indemnizaciones que suman casi 205 millones de euros a los acusados en la causa principal de la desaladora, pero no ha reclamado a Valcárcel cantidad alguna hasta ahora.
