Hasta el 28 de febrero de 2021 las quemas agrícolas estarán prohibidas en la Región de Murcia con motivo de la importante incidencia que está teniendo la covid-19 en la comunidad. La orden regional que regulaba la incineración de las podas del campo expira mañana miércoles y la Consejería de Agricultura ha decidido ampliar el plazo de prohibición cinco meses más.

En febrero se espera que esté terminada y aprobada la nueva orden regional que regulará las quemas agrícolas en la comunidad, un texto definitivo que se elabora con el consenso de los ayuntamiento y para dar respuesta a una normativa que resultaba ambigua para los consistorios, ya que algunos de ellos mantenían la prohibición de realizar quemas mientras otros las permitían bajo condicionantes.

Dada la alta tasa de contagios y para minimizar las incidencia de la covid-19, la Consejería de Agricultura publicará mañana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia esta ampliación del plazo de prohibición por razones sanitarias. Las quemas agrícolas, sin embargo, están prohibidas a nivel nacional por la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que estipula que la incineración de rastrojos debe realizarse sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, al tiempo que estas se deben llevar a cabo para evitar la propagación de plagas.

La Consejería también justifica esta ampliación en la solicitud de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia, que pedió este año a la Comunidad que se adoptaran "medidas de prevención de la salud de las personas y del medio ambiente, principalmente en la situación del estado de alarma, en relación con la práctica de quemas de restos de podas agrícolas".

El Ministerio para la Transición Ecológica planteó a la Comunidad en junio que "sería aconsejable minimizar al máximo posible las quemas de restos vegetales que se realizan por motivos fitosanitarios". Siempre y cuando, incide, "no se considere viable ni recomendable desde el punto de vista fitosanitario gestionar de otro modo estos restos vegetales".

El objetivo de la nueva normativa es desarrollar una regulación basada en la legislación básica estatal Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera, al objeto de integrar la regulación de la gestión agrícola, forestal, sanitaria y municipal en una normativa común.

Ecologistas en Acción reclamó precisamente el pasado lunes una nueva prórroga de esta orden regional. Desde la organización ecologista recuerdan que la actual prohibición se adoptó como medida adicional de prevención para hacer frente a la extensión de la crisis sanitaria provocada por la covid-19, debido a que las quemas agrícolas son una fuente significativa de contaminación atmosférica en muchos municipios de la región.

Lamentan, sin embargo, que las quemas no se han detenido totalmente durante este tiempo. Una situación de la que responsabilizan tanto a ayuntamientos como a la Comunidad Autónoma, a quienes acusan por un lado, de actitud permisiva y, por otro, de descoordinación provocada porque ambas administraciones siguen eludiendo asumir las competencias para intervenir y sancionar. Por lo que reclaman que se dicten instrucciones que determinen y delimiten claramente las competencias en el control, seguimiento y sanción de las quemas agrícolas.