Los niños de 3 a 12 años de la Región de Murcia, en torno a 25.000 menores, podrán ser beneficiarios de los servicios de conciliación de la vida laboral que los ayuntamientos quieren prestar poniendo a punto espacios municipales para ello.
El problema reside en que el proyecto de decreto que regula las subvenciones que recibirán los consistorios se encuentra atascado desde hace un mes en la Consejería de Política Social, que está a la espera de que llegue el dinero del departamento de Educación, dinero que procede de los 73 millones del fondo covid del Gobierno central destinado al ámbito educativo y que le correspondE a la Región.
En un principio, según fuentes de la Comunidad, esta partida presupuestaria contiene siete millones que serán repartidos entre los ayuntamientos que quieran ofrecer servicios de conciliación. La intención es atender a los alumnos que, por el modelo semipresencial que está establecido en Infantil y Primaria (los niños no van a clase un día a la semana), puedan recibir atención en dichos espacios, pero nunca de personal docente para impartir actividad educativa.
Las federaciones de AMPA pudieron revisar junto a la consejera de Política Social, Isabel Franco, el borrador del proyecto a finales de agosto y, con el curso en marcha, «empezamos a impacientarnos porque los padres necesitamos esas aulas donde dejar a los hijos», señala José Antonio Abellán, presidente de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Región (Confapa). El proyecto señala a los ayuntamientos que también pueden ofrecer servicios de ‘canguro’, es decir, cuidados puntuales prestados en instalaciones municipales.
Romper los grupos burbuja
Consistorios como el de Molina de Segura ya tiene preparado un listado de espacios municipales para ofrecer estos servicios de conciliación a los padres, que podrían dar servicio a 700 niños del municipio. A la espera también de recibir el dinero, el ayuntamiento molinense ha remitido el proyecto a la Consejería de Salud para que emita un informe de valoración de riesgo como pidieron conjuntamente los alcaldes socialistas recientemente.
«El problema está en que con estas aulas rompemos los grupos burbuja de los centros educativos mezclando a niños de distintas clases y cursos», señala Antonia Pérez, concejala de Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Lorca. «Si la Consejería de Educación organiza un comienzo de curso con una modalidad semipresencial y con unas normas sanitarias que evitan el contacto de alumnos de distintas clases entre sí, cómo es posible que luego el Gobierno regional autorice las aulas de conciliación sabiendo que habrá niños de distintos colegios». Lorca ofrecerá para la conciliación los mismos espacios que quería ofrecer para desdoblar grupos en los centros educativos, pero que la Consejería «denegó».
Murcia y Cartagena también están a la espera de que se apruebe el decreto de conciliación por parte de la Comunidad Autónoma. Una vez se haga, el Consistorio murciano quedará «a la espera de las necesidades en esta materia para poder trabajar conjuntamente en beneficio de las familias murcianas y poniendo a su disposición los recursos de los que disponemos».
Mula anuncia que de momento no lo hará hasta que llegue el informe epidemiológico pedido a Salud, mientras que Cieza tiene espacios pensados pero también esperará a que se apruebe el decreto. Caravaca de la Cruz presentó el viernes su programa de conciliación que hará en horario de mañana, en distintas dependencias públicas, en función de la demanda existente, tales como el Conservatorio, la Escuela Oficial de Idiomas o el Centro Joven. Para ello necesitará 70.000 euros. Calasparra ha preparado las dependencias de la antigua guardería y de la Universidad Popular y en Cehegín están buscando sitios.
El consistorio de Yecla avanza que está barajando varios lugares, aunque la alternativa que se maneja es emplear fondos municipales para comenzar este programa de conciliación. En este caso, se han pedido ofertas a empresas de Yecla como guarderías o ludotecas que tengan espacios disponibles para ofertar plazas que cubran esa demanda. Serían unas 40 plazas, aunque no está cerrado aún.
Con información de Enrique Soler, Micaela Fernández, Javier Gómez y Luis J. Soriano
