El Partido Popular ha impulsado una recogida de firmas en los 45 municipios murcianos para luchar contra la ocupación ilegal, una «lacra social que cada vez afecta a más familias que ven como los okupas actúan de forma impune sin que haya una respuesta firme por parte del Gobierno de España», según afirma la formación en un comunicado.
El secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Miralles, informó ayer de la campaña nacional que también se está efectuando a través de la plataforma change.es, y de la ofensiva parlamentaria impulsada para que todos los ayuntamientos «manifiesten el compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la okupación ilegal, dos acciones que se han trabajando esta mañana en el marco de una reunión con los presidentes del PP».
Miralles resaló que «el Partido Popular es el gran defensor de la propiedad privada y no podemos mirar hacia otro lado mientras de manera impune asaltan viviendas o segundas residencias, cuyos propietarios con esfuerzo y ahorro han adquirido.
El senador del PP, Francisco Bernabé, recalcó que, al igual que en las Cortes Generales, «el PSOE en la Región tendrá que posicionarse o a favor del derecho constitucional o seguir plegado a las exigencias del socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, que defiende libremente el movimiento okupa».
Bernabé explicó que la ley del PP pretende que se pueda desalojar a los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años. De igual manera, se insta a prohibir que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente y darle personalidad jurídica a las comunidades de propietarios para que puedan solicitar solución.
El senador ha subrayado que «la okupación no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada, y, con esta ley se pondrá fin a la impunidad de estas bandas organizadas». El senador insistió en que «estas medidas no afectan a los colectivos vulnerables que no pueden pagar su alquiler de su vivienda, sino a las mafias de okupación ilegal».
Por su parte, el consejero de Fomento del PP, José Ramón Diez de Revenga, insistió en que el problema de la okupación es real en la Región de Murcia: «Hoy hay 1.078 viviendas okupadas», según datos del Ministerio de Interior, y es un fenómeno creciente, ya que «el año pasado hubo 147 denuncias por ocupación y este año hay ya 176, un 20 por ciento más».
«El PP ha decidido abanderar la lucha contra este fenómeno para atajarlo de raíz», indicó el consejero.
