Las reformas de las leyes de Puertos y de Protección Ambiental han chocado con el Estado, que ve inconstitucionales varios artículos. El Gobierno central ha anunciado la apertura de un proceso de negociación con la Comunidad para revisar los decretos que permiten a las empresas ampliar las emisiones contaminantes y que reducen los requisitos exigidos para la evaluación ambiental. Las reforma de la Ley de Puertos también ha suprimido impedimentos e informes preceptivos para autorizar nuevas obras. Estas leyes fueron aprobadas en julio con la oposición de PSOE y Podemos y de las organizaciones ecologistas.
El BOE publicaba este jueves dos resoluciones de la Secretaría General de Coordinación Territorial que anuncian el inicio de negociaciones con el Ejecutivo regional para resolver las discrepancias en torno a los artículos de dos decretos que modificaban normativas en el área de la vivienda e infraestructuras y de protección ambiental
Se trata de varios artículos de los decretos de Fernando López Miras en diversos apartados en los que la Administración central apreciaba cuestiones dudosas, por lo que se iba a designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones la solución que proceda, comunicando el acuerdo al Tribunal Constitucional.
El decreto de Infraestructuras fue criticado por Ecologistas en Acción porque incorporaba criterios de flexibilidad y reducción de plazos imprescindibles para hacer más dinámica la actividad portuaria, mientras que el artículo 2 se refería al transporte público en taxi y, en concreto, a la contratación de plazas individualizadas, que tendrá como límite de la capacidad total del vehículo.
Las discrepancias estaban referidas también a quiénes estaban sujetos a declaración responsable en materia de urbanismo y a la aplicación del régimen de evaluación ambiental a los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.
