140 inspecciones al año en las explotaciones agrícolas en torno al Mar Menor. 280 terrenos agrícolas entre 2020 y 2021. El Gobierno regional publicó ayer el Plan de Inspección de las Explotaciones Agrícolas de 2020 y 2021 con el que pretende controlar la gestión de los suelos agrícolas en las parcelas afectadas por el ámbito de actuación de la recién aprobada Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. También busca vigilar la gestión de estiércoles y purines y su aplicación al suelo con valor fertilizante y controlar las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario.
Según cifras de 2018 que el Ministerio para la Transición Ecológica recogió del portal estadístico de la Región de Murcia, la comarca del Campo de Cartagena cuenta con más de 3.300 explotaciones agrarias. Las inspecciones que llevarán a cabo entre este año y el que viene los técnicos de la Dirección General de Producción Agrícola, dependiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, abarcarían aproximadamente a uno de cada veinte cultivos de los municipios ubicados en torno al Mar Menor.
Estas inspecciones se centrarán en aquellas explotaciones que la Confederación Hidrográfica del Segura haya constatado previamente que son regadíos ilegales al carecer de derecho de aprovechamiento de aguas. La consejería quiere comprobar la transformación de secano a regadío en dicho terreno y hasta ahora el Organismo de Cuenca ha levantado 292 expedientes sancionadores por riego sin autorización en el entorno del Mar Menor. La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora se ha duplicado con respecto a la última actualización de la CHS pasando de 935,81 a 2.157,75 hectáreas.
También vigilarán con controles en 120 explotaciones al año, en las que la CHS, a través de la empresa TRAGSA, detectara incumplimientos en 2018 y 2019. Comprobarán asimismo los terrenos que no se encuentren inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de la Región. Otras 20 inspecciones, sumando así 140 en total, serán extraordinarias y se llevarán a cabo si se reciben denuncias de particulares, organismos públicos, asociaciones medioambientales, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), de los Agentes Medioambientales y de la policía local de los distintos Ayuntamientos o a solicitud de algún juzgado.
«También se realizarán inspecciones extraordinarias en aquellos casos en los que sea necesario investigar accidentes o incidentes en casos de incumplimiento en materia de contaminación por nitratos de origen agrario que pueden causar alarma social, daños al medio ambiente o provocar efectos perniciosos en la salud de las personas», señala el documento, publicado ayer en el BORM.
Solo cuatro inspectores
La dirección general contará con cuatro funcionarios de la Unidad Técnica que realizarán las tareas de inspección, aunque podrán contar con la ayuda de los Agentes Medioambientales y ser acompañados por «técnicos y personal que consideren necesarios para la realización de toma de muestras de contaminantes y el análisis de las mismas».
La Consejería alega en el documento que «se ha tratado de adecuar la carga de inspecciones a la actual coyuntura socioeconómica teniendo en cuenta el escenario presupuestario y la disponibilidad de recursos humanos y materiales disponibles».
