Octubre amenaza con un aluvión de desahucios

Un total de 13.934 murcianos se encontraban dentro de un ERTE el pasado 31 de agosto, según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Económicos. Es por ello que la situación que se avecina es preocupante para aquellas familias que han visto reducidos sus ingresos de forma drástica en los últimos meses y para aquellos que, dedicados a la economía sumergida, los han perdido por completo. La difícil coyuntura económica viene provocando que sean cada vez más quienes no pueden pagar el alquiler o la hipoteca.

El paquete de medidas contra la pandemia, conocido como 'escudo social', incluía una suspensión temporal de los lanzamientos hipotecarios así como de los desalojos por impago del alquiler de familias que se encontraban en dificultades por haberse quedado en paro o verse incluidas dentro de un Expediente de Regulación de Empleo provocado por la covid-19. Del mismo modo comprendía una moratoria en los alquileres, que se puede solicitar hasta el 30 de septiembre. Aunque, en el caso de pequeños propietarios que viven de arrendar su segunda residencia, la moratoria solo se concedía con su consentimiento. Es por todo ello que los próximos meses se prevén especialmente complicados en materia de vivienda.

Las ONG, que viven de cerca el problema de las familias y pulsan sus preocupaciones, son en muchas ocasiones un apoyo directo a la hora de pagar facturas o poder llenar el frigorífico. Desde Cruz Roja en la Región de Murcia esperan que «las cosas se vayan dilucidando de la mejor forma posible. Seguiremos ayudando a quienes acudan a nosotros y lo necesiten, con el alquiler o con cualquier tipo de cosa. Pero entendemos que antes de llegar a una situación tan drástica como es un desahucio se puede llegar a acuerdos».

Acabar con los parches

El cura 'antidesahucios' y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Joaquín Sánchez, explica que esa decisión que se tomó era necesaria «para que la gente pudiera estar confinada y no se quedara en la calle». Reconoce que desde la PAH sabían que «era una medida transitoria pero no se abordaba el fondo de la cuestión, que son los desahucios por ejecuciones hipotecarias y falta de pagos del alquiler, que se han agravado y van a aumentar considerablemente».

Sánchez critica duramente que no se trate el problema de fondo y «solo se pongan parches». La solución pasa, según defiende, por crear un parque de viviendas con alquileres sociales con todos los inmuebles que tienen los bancos, «algunos de ellos de propiedad estatal». «La gente se va a ir a la calle, habrá quien tenga una alternativa habitacional con algún familiar, pero habrá otras personas que se vean obligadas a ocupar alguna casa de los bancos o de fondos buitre. Y esta situación nada tiene que ver con la de las mafias que ocupan viviendas, al contrario de la idea que se intenta extender para tapar el problema real de vivienda».

También lamenta que la Región fuera la cuarta comunidad con más órdenes de desahucio en los juzgados durante el segundo trimestre de 2020. «La norma paralizó la ejecución, pero no el proceso judicial. A partir de octubre podrán realizarse esos lanzamientos que están a la espera», matiza.

Además, explica que, para agravar la situación, durante el confinamiento hubo familias que recibieron cartas de los bancos en las que les comunicaban que «no les renovaban el alquiler social y tenían que abandonar la vivienda. Debido a la ley no se podían ir a la calle, pero han vuelto a recibirlas». En la misiva se indica que, de no marcharse, incurrirán en una ocupación indebida de la vivienda. «Se despiden en la carta añadiendo que esperan que hayan disfrutado de una estancia agradable en la vivienda. Puro cinismo», critica Joaquín Sánchez.

A dos semanas del fin de la vigencia de la norma, octubre podría traer consigo graves consecuencias socioeconómicas para miles de murcianos.