La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto una diligencias para investigar si un exalto cargo de la Inspección de la consejería de Educación pudo haber incurrido, presuntamente, en un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de 21 proyectos de obras efectuada por este departamento.
La decisión ha sido tomada después de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Madrid, remitiera a Murcia la denuncia que en ese sentido le envió el letrado murciano Diego de Ramón.
En ella se pedía al ministerio público que investigara si se pudo cometer alguna irregularidad en la adjudicación de los concursos a la empresa creada por los hijos de este inspector, que ha estado al frente de la jefatura del servicio hasta hace unos días.
Según De Ramón, los proyectos fueron adjudicados entre los años 2007 y 2011 y los mismos correspondían a obras de ampliación y mejora en varios centros educativos, así como a la instalación de distintos equipos en los mismos.
Entre la documentación que este letrado acompañaba a su denuncia figuraban distintas referencias a dictámenes del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), emitidos en 2008, en los que se pedía a la administración regional que fuera escrupulosa en la adjudicación de obras, de manera que cumpliera siempre con los requisitos establecidos por la ley.
Fuentes de la Fiscalía han dicho a Efe que las diligencias informativas están aún en un estado incipiente, ya que la decisión de abrirlas fue adoptada por el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, el pasado 30 de julio.
Las mismas fuentes han añadido que, presumiblemente, el fiscal encargado de las mismas se habrá dirigido ya a la consejería de Educación para recabar información sobre los hechos enunciados, "sin que la apertura de las diligencias de investigación prejuzgue nada sobre el resultado final de las actuaciones".
