Los tres diputados de la Asamblea Regional expulsados de Vox, que siguen adscritos al grupo parlamentario, han contratado como asesor en iniciativas relacionadas con la familia y la custodia compartida al exportavoz de su antiguo partido en Andalucía, Francisco Serrano, el juez en excedencia que el día 1 dejó su escaño en el Parlamento andaluz y abandonó la formación de Abascal al estar investigado por fraude en el cobro de una subvención pública. Francisco Serrano, que ejerce como abogado y ofrecerá sus servicios como «profesional liberal», aseguraba este jueves a La Opinión que ni él ni los parlamentarios regionales a los que asesorará han renunciado a sus ideas, aunque ya no tengan el carné.

«Me podían haber llamado también de Vox a nivel nacional y hubiera podido colaborar, porque al final defendemos los mismos valores. Los valores de Vox los defienden también los compañeros de Murcia que han servido y han compartido unos fines, como son la defensa de España. Aunque hayan sido expulsados no han cambiado su ideario, ni sus planteamientos ni su valores. Unos los siguen defendiendo desde dentro de Vox, con todos mis respetos, y otros, desde fuera, porque lo que nos debe interesar es la música por encima de los músicos».

Vox obtuvo cuatro diputados en la Asamblea Regional en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, pero la dirección del partido ha expulsado a tres de ellos, por lo que queda un único parlamentario afiliado, Pascual Salvador. Sin embargo, sigue ejerciendo como portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea Regional Juan José Liarte, apartado de Vox junto con Francisco Carrera y Mabel Campuzano. Por eso, el contrato con el polémico juez lo firma el Grupo de Vox.

Francisco Serrano, que este jueves se reunió en Cartagena con los parlamentarios murcianos expulsados, recordó que antes de dedicarse a la política ejerció como juez, por lo posee una larga experiencia en cuestiones relacionadas con la familia, la infancia o la custodia compartida. Incluso se declaró partidario del «régimen matrimonial» de separación de bienes aplicado en Cataluña y dijo que ayuda a conseguir un mayor porcentaje de sentencias de custodia compartida.

El exportavoz andaluz, que dejó su escaño en el Parlamento el día 1, era socio de una empresa beneficiaria de una subvención pública de 2,5 millones para la fabricación de pellet, un subproducto obtenido de la madera y empleado como biocombustible, por la que está investigado por presunto fraude. Tras dejar la política considera que «lo normal» es que lo llamen personas que piensan como él: «Compañeros que hemos luchado codo con codo y que ahora desde Murcia, como podía haber sido desde La Coruña, me proponen poder colaborar y participar en materias en las que humildemente considero que tengo un bagaje que puede ser útil».

Juan José Liarte explicó que el contrato establece una colaboración de seis meses, durante los cuales Serrano asesorará a los diputados en sus iniciativas relativas a las leyes de Servicios Sociales o Familias Monoparentales, entre otras.