La crisis del coronavirus reactiva la importancia de la vuelta a las aulas

Alrededor de ocho millones de alumnos en toda España experimentarán de manera escalonada, a lo largo de esta semana y desde el pasado 7 de septiembre, una vuelta a los estudios mucho menos apetecible de lo habitual y con muchos más cambios con respecto a anteriores inicios de temporadas educativas.

La crisis sanitaria originada por la covid-19 ha obligado a implementar unas medidas en los centros de educación que, si bien son de una necesidad absoluta y cuyo cumplimiento ha de seguirse a rajatabla para contribuir a frenar las consecuencias negativas del coronavirus en el sistema sanitario, con el correspondiente perjuicio en el tejido económico del país, suponen un claro inconveniente para alumnos y docentes a la hora de socializar y hacer más amena la tan temida históricamente 'vuelta a las aulas'.

Este año el temor es otro, y es que acostumbrados a volver a clase tras haber disfrutado de unas merecidas vacaciones con el mayor inconveniente de cambiar la playa por los libros, tanto alumnado como docentes observan como los organismos pertinentes han impulsado una serie de medidas a gusto de nadie para combatir la pandemia del coronavirus.

La reducción de clases presenciales, las restricciones en las actividades físicas y sobre todo el nulo contacto físico entre compañeros son algunas de estas acciones que se engloban en el protocolo de los centros educativos para combatir la covid-19, y que sin duda marcarán el inicio de un curso académico que ve cómo las relaciones entre sus protagonistas se ven negativamente afectadas por un bien mayor: hacer de las aulas un lugar seguro y no retroceder en la lucha contra el coronavirus.

La lucha contra la covid-19 se convierte en asignatura obligatoria en los colegios

Tras meses de espera e incertidumbre, la 'vuelta al cole' ha llegado a España con una serie de medidas de protección encaminadas a frenar la incidencia de la segunda oleada de coronavirus que actualmente atraviesa el país, y que por todos los medios se intentará alejar de los centros educativos.

El cumplimiento de la distancia de seguridad, que ha de ser como mínimo de un metro y medio, se ha visto complementado en las últimas semanas con la implantación de los llamados 'grupos burbuja', consistentes en pequeños grupos de conviviencia conformados por un pequeño número de alumnos que solo pueden relacionarse entre ellos, sin interactuar con otros grupos y limitándose la edad hasta los 8 años.

Además, el uso de la mascarilla es obligatorio en las instalaciones de los centros escolares a partir de los seis años de edad, y su utilización no anula el cumplimiento de la distancia de seguridad.

El Gobierno murciano, uno de los primeros en España en anunciar el carácter semipresencial de las clases en la vuelta a las aulas, decidió posponer una semana el inicio de la temporada escolar con la intención de ganar tiempo para poder organizar de una manera más eficaz la gestión interna de todos los centros educativos, tal y como hizo oficial la Consejería de Educación de la Región de Murcia el pasado lunes 31 de agosto.

Estre retraso en el comienzo de las clases afecta a todos los centros educativos de Infantil y Primaria, quedando excluidos los de Secundaria y Bachillerato (excepto en los municipios de Águilas, Archena, Mazarrón, Caravaca de la Cruz, Las Torres de Cotillas, Los Alcázares y Totana) y aquellos ciclos de Formación Profesional, cuyo inicio siempre ha estado fijado para el 15 de septiembre.

Las medidas sanitarias implantadas en los centros de educación también afectan al servicio de comedor, que si bien permanecerán abiertos al considerarse un servicio fundamental, se aplicarán medidas restrictivas como la confección de diferentes turnos e incluso la asignación de puestos fijos.

La toma diaria de temperatura o el lavado frecuente de manos son otras de las medidas sanitarias que formarán parte del día a día de los centros educativos.

Las universidades se blindan en su vuelta al curso académico

Los centros universitarios de toda España, que cuentan con aproximadamente 1,3 millones de alumnos y alumnas, contemplaron la semana pasada cómo reprentaciones de consejeros autonómicos y del Ministerio de Universidades acordaban una serie de medidas para asegurar una vuelta a las aulas universitarias sin riesgos y que contemplen los distintos escenarios que pueden presentarse en este contexto de crisis sanitaria.

Al igual que en formaciones menores, la mascarilla se vuelve de uso obligatorio en todo momento. Las pruebas correspondientes a selectividad realizadas en julio ya reflejaron la convivencia entre mascarillas y alumnado, aunque en aquella ocasión, su uso no era obligatorio en algunos centros si se cumplia la distancia de seguridad. Además, la ventilación en la aulas se postula como otra de las medidas principales de este protocolo sanitario, debiendo mantener las ventanas abiertas el máximo tiempo posible, o de no poder ser así, dedicar un intervalo de unos 15 minutos entre clase y clase para ventilar los espacios que se utilicen.

Una de las principales novedades del protocolo que se va a llevar a cabor en los centros universitarios es la labor de un 'responsable covid' en cada una de las 83 universidades del país, que se encargará de coordinar y gestionar el trabajo de los responsables covid con los que cuenta cada facultad. Este responsable es el encargado de las labores de rastreo en caso de positivo por coronavirus, para ayudar a determinar quienes son las personas que han mantenido contacto estrecho (compartir más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia con el infectado) con el caso positivo y poder realizar las pertinentes pruebas PCR y guardar cuarentena.

Para aquellos estudiantes que por obligación deban cumplir cuarentena, las universidades facilitan el seguimiento de las clases tanto en directo como en diferido, gracias a la grabación de las propias lecciones. Además, la división de las clases en diferentes grupos para poder realizarlas de manera presencial se ha desestimado, ya que el espacio requerido para ello es enorme, e implicaría "una sobrecarga inasumible para el profesorado", tal y como explica el presidente de los rectores, José Carlos Villamandos.

Por una vuelta segura