El Gobierno regional presentó este miércoles en la Asamblea Regional el borrador del Pacto por la Justicia, en el que se reclama al Gobierno central la creación de 27 juzgados y 15 plazas de fiscales más en la comunidad para alcanzar la media nacional en recursos humanos y materiales. Los consejeros de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, y de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, detallaron el contenido del documento a los grupos parlamentarios. La necesidad de alcanzar un Pacto Regional fue planteada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, que asistió a la presentación del documento.
El borrador cuenta con 50 medidas concretas de mejora y modernización de la justicia en la comunidad, basadas en cinco apartados: medios materiales, modernización tecnológica, formación y capacitación y mediación y arbitraje.
En materia de recursos humanos, el texto reclama, además de los 27 juzgados y 15 fiscales, un mayor número de agentes especializados en menores de edad, violencia de género, medicina legal y ciencia forense y turno de oficio. Respecto a los medios materiales, el pacto incluye los nuevos palacios de justicia en Lorca y Molina de Segura y la ciudad de la Justicia de Cartagena, así como la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia.
Adecuar espacios para mantener la privacidad en los juzgados de violencia de género, extender el sistema digital Lexnet a todos los profesionales jurídicos, mejorar la interconexión, pedir formación para el personal y extender las delegaciones de mediación y arbitraje a todos los partidos judiciales son otras de las medidas solicitadas.
Según el informe 'La justicia, dato a dato' correspondiente al año 2019, Murcia es la tercera comunidad autónoma con peor ratio de jueces por habitante (10,7 por cada 100.000 habitantes), lejos de la media nacional (11,9 por cada 100.000) y de regiones como Asturias (15,3 por cada 100.000 habitantes) o Cantabria (13,8 por cada 100.000 habitantes).
La consecuencia de esta infradotación es que, a pesar de la gran cantidad de asuntos que resuelven, los tribunales de la Región son los terceros más congestionados de toda España, con más de 100.000 asuntos pendientes a día de hoy. «Este atasco judicial pasa una enorme factura a la economía regional, ya que traslada la idea de una Región menos competitiva, menos segura jurídicamente y menos atractiva para los inversores», lamentó el titular de Presidencia y Hacienda
Tanto Ballesteros como Celdrán, que emplazó a los grupos a que revisen el texto y manifiesten si se adhieren al mismo, valoraron que este documento incluye las 704 propuestas hechas en el último año por 52 asociaciones, colegios y colectivos relacionados con la materia.
Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos criticaron que no haya habido un contacto previo con los partidos. El diputado socialista Francisco Lucas señaló que analizarán las 50 medidas incluidas para «enriquecer» un documento que no recoge el trabajo previo y del consenso de todas las fuerzas políticas. La diputada de Podemos María Marín criticó que se pretende «hacer pasar por acuerdo» lo que para su grupo es «una imposición» del Gobierno regional, que sigue utilizando su «rodillo para pasar por encima del diálogo con la oposición». El portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, mostró su predisposición a la unidad para reivindicar una mejora de los recursos materiales y humanos.
