Ecologistas en Acción ha denunciado este lunes que la consejería de Agua, Agricultura Ganadería, Pesca y Medio Ambiente "sigue amparando" las quemas agrícolas, asegurando que este departamento elude su responsabilidad y mantiene una actitud "pasiva" ante la proliferación de estas prácticas.

En un comunicado, esta organización ha señalado que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y una resolución del Gobierno regional prohíben las quemas agrícolas con carácter general, salvo autorizaciones excepcionales si existe un riesgo fitosanitario real.

A estas medidas, ha recordado Ecologistas en Acción, se une que hasta el 30 de septiembre están "particularmente" prohibidas estas prácticas por una orden del 5 de mayo, cuyo objetivo es proteger la salud de la población en el contexto actual de crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Sin embargo, esta organización ambiental ha subrayado que el número y volumen de las quemas siguen creciendo, sin que la mayoría de ellas tenga una autorización por riesgo fitosanitario real y comprobado y sin que se adopten las medidas oportunas para evitar episodios de contaminación derivados de estas prácticas.

Ecologistas en Acción ha criticado que el consejero del ramo, Antonio Luengo exija al Gobierno central una estrategia frente a las quemas agrícolas a la vez que desde su consejería se sigue "incentivando" estas prácticas "sin ningún tipo de control".

En este sentido, ha censurado que la orden autonómica sobre acumulación de resto vegetales vulnera la legislación estatal de residuos, tal como han advertido los servicios jurídicos de la propia consejería recientemente, además de emitirse una nota "confusa y sesgada" que entra en "franca contradicción" con la normativa vigente.

Para Ecologistas en Acción, la falta de coordinación dentro de la consejería y la "escasa" voluntad de Luengo en afrontar el problema de las quemas agrícolas son las responsables de que haya quemas a diarios que siguen afectando a la calidad del aire que respira la población en numerosos municipios de la comunidad.

Por ello, esta organización ha exigido la derogación de la orden autonómica de 2017 y el desarrollo de instrucciones concretas y explicitas a los agentes medioambientales, dejando claro que las quemas de residuos agrícolas no están autorizadas, salvo en el caso concreto de un riesgo fitosanitario real y comprobado por parte de la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal.