Carmen, su marido y sus cuatro hijos viven en un piso de un banco. Llevan allí seis años. «Estábamos en casa de mi madre -explica- y vivíamos al límite, no aguantábamos más. Un día me enteré de que un vecino entregaba su piso al banco por dación en pago y dijimos: 'Ni mil palabras más'».

Para entonces, Carmen formaba parte de una de las entre 1.000 y 1.200 familias que esperan una vivienda de protección oficial en la Región de Murcia. Llevaban dos años en la cola. «Al comunicar el cambio de domicilio, me sacaron de la lista de espera sin más explicación», cuenta.

A los pocos días, asesorada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de la Región de Murcia, se presentó en una sede del banco propietario del piso: «Fui y dije que estaba allí viviendo y que estaba dispuesta a negociar un alquiler social, que mi intención no era la de estar viviendo en el piso sin pagar nada». En el banco se echaron las manos a la cabeza. «Me preguntaron cómo sabía yo que esa vivienda les pertenecía, y la verdad es que la respuesta fue muy simple: yo había ido al catastro y había pedido la relación de viviendas que pertenecen a entidades bancarias. Lo hice porque lo que nosotros no queríamos era meternos en una casa de alguien, queríamos ocupar, no cometer allanamiento de morada», aclara. Es la norma: el 99,2% de las viviendas ocupadas pertenecen a bancos o 'fondos buitre'.

El banco se negó a negociar. «Cuando vieron que insistía, que no me daba por vencida en ningún momento -relata- y que estaba dispuesta a pagar un alquiler, me ofrecieron una casa en Alguazas, a la que me era muy difícil acceder. Así que pedí una permuta: les propuse que liberaran el piso en el que estábamos viviendo a cambio del que nos ofrecían en Alguazas». Se siguieron negando. Carmen tensó la cuerda: «Les dije que me llevaran a los tribunales, que yo estaba dispuesta a pagar, y que dejáramos que fuera un juez el que decidiera qué hacer. Entonces me dijeron que eso no era necesario, que esperara un tiempo».

Al poco, a través de Interinmobiliaria, Carmen firmó: dos años -prorrogables a tres- de alquiler. 150 euros al mes.

Incertidumbre

Ahora Carmen espera su quinto hijo y su marido está en paro. Los únicos ingresos que entran en casa corresponden al subsidio de ayuda familiar, unos 430 euros al mes. Carmen suele ir a Cáritas y Jesús Abandonado a por comida.

Y mientras, el tiempo corre: el alquiler social vence dentro de un mes y medio. «Si no podemos prorrogarlo más, volveremos a pedir una vivienda social», cuenta Carmen. Se pondrán a la cola y la rueda volverá a girar: «Con el paso de los mes parece que te acostumbras a esta incertidumbre, pero qué va, es que es muy jodido no saber si dentro de unos meses vas a tener una casa para tus hijos».

Dice que «hay un momento en que actúas con lo que sea que tengas a mano»: «Supongo que habrá de todo, pero estando en la situación en la que estaba yo y viendo cómo están las cosas y lo mal que lo está pasando muchísima gente, me parece que si estás en la calle o al borde de la calle y ves la posibilidad y decides meterte en la casa que un banco tiene cerrada y sin darle uso no estás haciendo daño a nadie».